Todo arrancó con una denuncia del PP de Madrid en 2022 por las mascarillas que una oscura empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., había vendido a varias empresas públicas. De ahí surgieron las sospechas hacia Koldo García y Víctor Aldama en torno a seis contratos de compra de material sanitario. Uno de ellos, la compra que llevó a cabo el IB-Salut de 1,4 millones de mascarillas en abril de 2020. Dos meses después se descubrió que ese material, por el que se habían pagado 3,7 millones de euros, era fake. La operación policial que estalló en febrero de 2024 puso ese contrato en el foco. Comisiones de investigación y mucho ruido desde entonces. Sin embargo, como contraste, la Audiencia Nacional todavía no ha desarrollado ni una sola diligencia de investigación por el contrato de Baleares. Nada.
La UCO en el IB-Salut
Agentes de la Guardia Civil acuden a la sede del IB-Salut para pedir toda la documentación sobre la compra de las mascarillas. La Administración, todavía controlada por el PSIB, inicia ocho meses después un expediente para resolver el contrato, lo que da para la segunda subtrama de la causa.
El estallido
En febrero de 2022 estalla el caso con la detención de una veintena de personas por los expedientes de las mascarillas. Junto al contrato de Baleares se investigan otros de la Autoritat Portuària, de Canarias y de otras administraciones. Koldo y Aldama comparecen en la Audiencia nacional y la investigación pone en marcha una gran polvareda política con Francina Armengol en el centro del huracán.
Conflicto de competencia
Tras las detenciones iniciales, en marzo de 2024, la Fiscalía de la Unión Europea toma cartas en el asunto. Las mascarillas, al menos las de Balears y Canarias fueron pagadas con fondos europeos. La investigación pasa a este órgano y sale de la Audiencia Nacional, con lo que se inicia un conflicto por la competencia que terminó resolviendo el Tribunal Supremo. En diciembre del año pasado toda la causa volvió a la Audiencia Nacional. Las fiscales europeas avanzaron mucho más en la pieza de Canarias que en lo que tiene que ver con Balears. El asunto se complicó más tarde cuando parte de la causa pasó al Supremo. Desde entonces, nada de nada.
Ávalos mediador
Desde el estallido de la causa el foco en torno a Balears era doble. Por un lado quién ofreció desde el Ministerio de Fomento las mascarillas y cómo se fraguó la contratación. Por otro el conflicto en torno a la posible resolución del contrato, que añade más confusión. El Govern inició la resolución del contrato en marzo de 2023. Sin que se resolviera se produjo el relevo en el ejecutivo autonómico y el expediente caducó. La Guardia Civil y el juez Ismael Moreno atribuyeron al exministro José Luis Ávalos una extraña labor de intermediación con el Govern de Balears ya en manos del PP. Los mensajes de Koldo con uno de los responsables de Soluciones de Gestión apuntaban a que: «Todo va por buen camino» y que se iba a retirar la reclamación que finalmente caducó. Así se planteaba una investigación paradójica: una trama de corrupción en torno al PSOE que le pediría favores a un Govern del PP.
El lío administrativo
Las dudas en torno a la caducidad de la reclamación iniciada en marzo de 2023 y al qué hacer con el expediente generaron otro lío. El actual Govern decidió optar por otra vía para la reclamación. En marzo de 2024 se planteó declarar la nulidad del contrato en vía administrativa porque que Soluciones de Gestión carecía de autorización para la venta de material sanitario y no había acreditado su capacidad técnica ni antes ni después de la formalización del contrato. Es la vía en vigor aunque se tratara de una adjudicación de urgencia con las normas laxas de contratación que se permitían durante la pandemia, lo que complica la existencia de un posible delito en cómo se formalizó el contrato.
El Govern, acusación
Desde el inicio del caso, el Govern intentó personarse como acusación particular. En mayo de 2024 finalmente la Audiencia Nacional aceptó un recurso de la Abogacía de la Comunitat para permitirle ser una parte. La discusión estaba en quién había pagado las mascarillas. El juez instructor rechazó la presencia de Balears porque se habían financiado con fondos de la UE los 3,7 millones de euros que costaron. Fue así hasta que, en febrero del año pasado, el Govern decidió devolver esos fondos FEDER ante las posibles complicaciones que podría tener para Balears a la hora de acceder a financiación europea haber permitido un fraude. Esa decisión implicaba que los fondos sí habían sido desembolsados por el IB-Salut y que por lo tanto, sería un perjudicado por un posible amaño del contrato o por su incumplimiento. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional accedió a esa personación.
Denuncia contra Ureña
Mientras se ventilaba la reclamación administrativa, el PSIB presentó a su vez una denuncia en los juzgados de Palma contra el director del IB-Salut, Javier Ureña. El partido ponía encima de la mesa posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación por la renuncia al expediente de reclamación y pedía una investigación de su «conducta omisiva». La denuncia se presentó en Palma pero el juzgado de instrucción se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, donde también se envió esta causa. El efecto es que el PSIB también es acusación popular en el caso. Lo que suma una más, además del Govern, el PP, Vox y otras asociaciones. Sin embargo, esa vía de investigación tampoco ha avanzado y la causa se mantiene aletargada.
Mensajes
Con todo, la presencia de Baleares en el caso sigue sobrevolando en distintos autos e informes de la Guardia Civil. Uno de los más sonados fue el emitido en octubre del año pasado. En la documentación aportada en octubre de 2024 aparecía una conversación entre Koldo y Francina Armengol: «Vale cariño te mantengo informada de todo», le decía el primero tras intentar contactar telefónicamente con la entonces presidenta de Baleares. Armengol le remitió el contacto de la consellera de Salut, Patricia Gómez, para hablar sobre compras de PCR para menores de edad. Esos mensajes, según el informe, abonaban las tesis de la Guardia Civil sobre la capacidad de Koldo para acceder a cargos socialistas. La trama de Baleares, de momento aporta indicios para describir el comportamiento de la trama Ávalos-Koldo, pero no es objeto de un seguimiento exhaustivo.
Y llegó Ávalos
La macro causa pegó el gran giro en noviembre de 2024 con la confesión del empresario Víctor de Aldama tras ser incriminado en otro fraude, el de los hidrocarburos. Desde entonces, las mascarillas han quedado desplazadas aunque la presencia de Ávalos y su negativa a dejar el escaño en el Congreso hayan enviado buena parte de las actuaciones al Tribunal Supremo. Las mascarillas de Baleares no han llegado a hacer el viaje hasta esa instancia y permanecen bajo al competencia del juez de la Audiencia Nacional. Ha habido algún intento de que se practiquen diligencias. La Asociación Veritas solicitó la imputación de Francina Armengol y de Patricia Gómez. El juez rechazó ambas peticiones por el aforamiento y por falta de indicios suficientes. También lo intentó con el director general del IB-Salut, Juli Fuster. Agua también. Así, uno de los contratos que incendiaron la trama que ahora llega al corazón de Ferraz con el escándalo de Santos Cerdán, permanece en un limbo instructor a la espera de que se practique alguna diligencia o se cierre.
Y ¿de quien depende la fiscalia? pues eso..... os suena?