«Muchos hoteleros tendrían que ser promotores de vivienda». Así de contundente se mostró el alcalde de Palma, Jaime Martínez, que arrancó la jornada sometiéndose a las preguntas de la periodista de Ultima Hora Nekane Domblás. «En Platja de Palma vamos a llevar a cabo un plan de acción y vamos a ver cómo podemos incorporar vivienda al mercado. El sector hotelero se tiene que comprometer a pedir vivienda para sus empleados pero también a construirla», añadió Martínez.
El alcalde de Palma, que también cuenta con una dilatada experiencia como arquitecto, se enfrenta al desafío de un crecimiento constante de la población mientras hay una grave carencia de alojamientos para clases medias y trabajadoras.
Como medida para aliviar la situación, Martínez insistió en «desatascar la vivienda social». Y, sobre todo, la necesidad de la medida impulsada por el Govern para poner en marcha en un plazo de 18 o 24 meses el suelo urbano y urbanizable previsto para los próximos veinte años y que permitirá desarrollar en un breve espacio de tiempo 20.000 viviendas, «de las que 10.000 son de precio limitado. No liberalizamos suelo. Aquí hay un Plan General aprobado en 2023 por PSOE, Més y Podemos con unos suelos urbanos ya aprobados».
Una propuesta que ahora está en el aire por la falta de apoyo parlamentario. «Yo apelaría a la responsabilidad de los grupos políticos en el Parlament. Tenemos un déficit de vivienda brutal y aquí también hay que hablar del modelo demográfico de estas Islas». Y es que en los últimos años el padrón de Palma no ha dejado de engrosarse con la llegada de miles de nuevos residentes.
Martínez explicó en qué punto está el plan de choque para conseguir 2.000 viviendas en suelos municipales, de las que esta misma semana ya se han licitado 300 para su construcción. Su objetivo es el alquiler de precio limitado, «de uno a tres dormitorios. Un 35 por ciento destinado a jóvenes, un 10 por ciento a mayores y otro 10 por ciento para familias monoparentales».
«Hemos puesto en marcha también la simplificación administrativa y necesitamos seguridad jurídica», dijo el primer edil. Ante la pregunta de Domblás de si se acelerarían las licencias para obtenerlas en cuestión de pocas semanas, todo el auditorio no pudo evitar la carcajada, dado el retraso endémico que sufren, que en Palma ha alcanzado hasta los dos años. «La Administración no tiene una varita mágica y todos tienen que poner de su parte: el sector privado y el público. Tenemos que modificar leyes estatales y hay miles de viviendas vacías que no se ponen en el mercado por falta de seguridad jurídica», reconoció Martínez.
Respecto al decreto de emergencia habitacional, ya se está aplicando en Palma y el alcalde aseguró que ya se está notando en el cambio de uso de locales comerciales a vivienda, la división de inmuebles o en «muchas solicitudes de aumento de alturas. Además, con el suelo destinado a alquiler asequible y precio limitado podemos doblar el número de viviendas, de uno a tres dormitorios y con alquileres que oscilan entre los 600 y los 900 euros».
Martínez aseguró que «las modificaciones del Plan General y el Plan de Ordenación Detallada (POD) van a generar posibilidades para que haya desarrollos urbanísticos para todo tipo de ciudadanos». Y destacó proyectos como Son Busquets, la antigua prisión o el Distrito de Innovación.