Dos años de conversaciones telefónicas son la prueba más contundente que exhiben los investigadores contra Bartolomé Cursach. Desde diciembre de 2014 hasta enero de 2016, el empresario, su número dos, Bartolomé Sbert y otros directivos tuvieron sus teléfonos intervenidos por orden del juez instructor Manuel Penalva.
A lo largo de varios autos, el magistrado desgrana cómo esas comunicaciones afianzan algunos de los puntos clave de la investigación, como la lucha por el control del ocio nocturno en Magaluf y los contactos del grupo con policías y funcionarios, de los ayuntamientos de Palma y Calvià, pero también del Govern e incluso un inspector de Hacienda.
«Lo que tenemos que hacer es destrozarlo a este hijo de puta». Bartolomé Cursach se refiere con esta frase a un empresario rival de Magaluf. En una serie de conversaciones, mantenidas en mayo de 2016, con Sbert, ambos reflejan sus planes para monopolizar la plaza Islas Pitiusas. «Un día, toda la plaza será nuestra y ya lo volveremos a abrir», dice Cursach y Sbert, en otra conversación le aconseja cautela y que si espera, conseguirá hacerse con todos los locales «por un millón de euros y después haremos la calle importante». Los empresarios dueños de estos otros establecimientos son de los primeros testigos que obran en las actuaciones y han denunciado reiteradas presiones policiales para que tuvieran que cerrar.
En los pinchazos, constan varios contactos entre los directivos y funcionarios. El máximo responsable del grupo le pide a su número dos que contacte con uno de sus abogados, «a ver si consigue que su amigo en la Agencia Tributaria haga lo que tiene que hacer». Otra funcionaria, que iba a hacer una inspección en un local habla con Sbert a ver qué día les iba mejor su visita. En las escuchas quienes no aparecen, al menos en los tomos notificados este lunes a las partes, son los dos principales políticos implicados: José María Rodríguez y Álvaro Gijón.
Con el paso de los meses, las conversaciones reseñadas por la policía se hacen cada vez más escasas: Cursach y Sbert advierten que de cosas «comprometidas» no se puede hablar por teléfono. En algunas conversaciones, el empresario deja claro ya a finales de 2016 que sabe que le están escuchando. Eso es lo que lleva a que en diciembre del año pasado el juez acuerde suspenderlas.
Dos meses después se procedió a las detenciones. El juez levantó el secreto de sumario el pasado jueves, si bien mantiene algunas partes aún bajo secreto. La partes pudieron acceder ayer a los primeros 40 tomos de la investigación, de los 85 que tiene el sumario. En los pinchazos también se traslucen los nervios en la empresa por la investigación y las conversaciones entre el empresario y abogados. «A lo mejor, el juez nos tiene manía porque no pudo entrar en Tito's», ironizan en las conversaciones.