El auto de prisión de Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert, cuyo contenido se ha comenzado a conocer este lunes, tras el levantamiento del secreto del sumario, relata que el Grupo Cursach llevaba «comprando» a policías para extorsionar a sus competidores desde el 1985-1986.
Según se puede leer en este auto, que consta de 452 páginas y cuyo sumario tiene 85 tomos, la táctica de Cursach, basada en la «extorsión sistemática» a sus competidores, valiéndose de policías «comprados», se remonta al menos a estos años, fecha en la que un agente de la Policía Local investigó estos hechos e incluso elaboró un informe «donde reflejaba con detalle dichas prácticas».
En el auto se dice que los hechos descritos por este agente que se remontan hace unos 20 años «son un calco» de los que «indiciariamente se ha demostrado» tanto en esta pieza como en la denominada 'Policías', y «desde luego da plena y absoluta credibilidad», según el juez, a lo denunciado por distintos empresarios y agentes de Policía.
Así, el agente explicaba que a cambio de casi doblar el sueldo a los agentes «comprados» por Cursach, estos daban palizas a los tiqueteros extranjeros que después eran detenidos por el Grupo de Extranjería, y finalmente eran expulsados del país, al tiempo que «a la Discoteca para la que trabajaban era severamente multada».
Según el auto, estos agentes eran agasajados con fiestas privadas en las que había cocaína, alcohol y mujeres, por ejemplo en la discoteca Kiss, que fue cerrada para los policías que trabajaban para Cursach.
Asimismo, dos agentes, uno de ellos investigado en la pieza 'policías' utilizaba, según se puede leer en el escrito del juez instructor del caso, Manuel Penalva, «un vehículo dotado de un equipo de transmisiones para efectuar labores de vigilancia en beneficio de Cursach».
También se resalta que había «diferente trato recibido por Cursach y el resto de empresarios por parte de la policía, pues cuando el primero denunciaba a tiqueteros de la competencia, acudían rápidamente, mientras que cuando era los suyos los denunciados, la Policía se excusaba en que tenían mucho trabajo para no acudir». Asimismo, se relata que «algunos agentes se quedaban con el dinero de los 'trileros'.
Con esto, se recogen conversaciones -ya en la actualidad-, entre el directivo del grupo, Bartolomé Sbert y Bartolomé Cursach hijo en las que quedarían reflejadas maniobras para cerrar los accesos a la Plaza Pitïuses (Magaluf), con «el fin de arruinar» a los competidores de la zonas u otro tipo de iniciativas en perjuicio de empresarios de la zona.
Por otra parte, según un informe de diciembre de 2016, se refleja que la mayoría de actas sancionadoras levantadas por los agentes de Policía, no son en su mayoría tramitadas policialmente (únicamente un 12,50%, frente al 57,78%, 61,11% o 100% que afecta a otros grupos y empresas).
De esta manera, a las que se daba curso y pasaban a ser competencia del Ayuntamiento de Palma solo un 7,95% generaban expedientes sancionadores para Cursach mientras que para otras empresas y grupos los porcentajes son del 46,67%, 77,78% y 75% respectivamente.