La diversidad de las medidas aplicadas a la hostelería para frenar el avance de la pandemia es motivo de crítica entre los hosteleros, que han lamentado públicamente que haya tantas diferencias incluso entre comunidades fronterizas y advierten de que la franja más perjudicada es la de la cena.
«Vivimos en un estado de confusión; para el consumidor es desconcertante», asegura en declaraciones a Efeagro el portavoz de un grupo de restauración con presencia en todo el país, que destaca la dificultad logística que supone este abanico tan amplio de restricciones, con impacto en cuestiones variopintas como el abastecimiento de las tiendas o el diseño de campañas de publicidad. Representantes patronales del sector coinciden en calificar de «asimétrico» el impacto de la crisis de la covid-19, y no sólo por motivos geográficos.
El golpe también es de mayor o menor intensidad en función del modelo de negocio: los establecimientos que más apuestan por servicio a domicilio y los que están ubicados en zonas residenciales resisten mejor que los que dependen del consumo en barra, están localizados en el centro de las grandes urbes o viven del turismo.
Las protestas crecen
Hostelería de España calcula que la red de bares y restaurantes se reducirá en más de un 30 % por la crisis, por lo que pasará de unos 300.000 a cerca de 200.000 locales, de acuerdo con sus estimaciones.
La patronal ha elevado el tono contra el Gobierno y las autoridades autonómicas y ya ha interpuesto recursos judiciales -esta misma semana los tribunales del País Vasco le dieron la razón de forma cautelar- para suspender las medidas y, de forma paralela, reclamar daños y perjuicios.
Los hosteleros piden al Ejecutivo Central un paquete de ayudas directas de 8.500 millones de euros para apoyar a un sector que representaba antes del coronavirus un 6,2 % del PIB y daba empleo a 1,7 millones de personas.
Por el momento, sin embargo, la responsabilidad recae en cada comunidad autónoma, y en este ámbito también se observan sensibles divergencias.
17 planes de rescate
En función de diferentes criterios -fundamentalmente, el número de empleados-, en Cantabria el importe oscila entre 500 y 1.000 euros por local; en Asturias, Galicia y Cataluña se comprometieron a dar ayudas por valor de entre 1.500 y 9.000 euros; en el País Vasco la horquilla es de 3.000-4.000; en Murcia, de 3.000-10.000; y en Navarra el límite máximo se fijó en 25.000 euros.
En Baleares la cuantía se sitúa en 1.500 euros pero mensuales -entre enero y marzo, previsiblemente-, Madrid ha apostado por facilitar avales y Aragón ha concedido 1.000 euros para cafés y bares y 3.000 para el ocio nocturno.
Andalucía aprobó 1.000 euros de pago único para los autónomos, en La Rioja la cifra varía entre 2.500 y 24.000 euros para autónomos y también pymes, en línea con Castilla-La Mancha, donde el importe total de su plan de rescate para estos dos colectivos en los sectores más afectados asciende a 60 millones.
Además, Canarias sacó un plan de rescate por 165 millones y Comunidad Valenciana hizo lo propio con ayudas directas por valor de 160 millones, a los que suma otras líneas.
Castilla y León, por su parte, lanzó un plan de choque por 20 millones para toda actividad asociada al turismo, y Extremadura incrementó de 40 a 60 millones de euros los fondos destinados a rescatar a hostelería, comercio y turismo.