Celebra dos años de su victoria en las elecciones de 2023, una mitad de legislatura que ha sido muy complicada especialmente por los problemas que ha planteado Vox hasta el punto de, cuando ha pasado medio ejercicio económico, aún sigue sin Presupuestos aprobados.
«No me siento acorralada por Vox». Me lo dijo hace dos años, tras su elección. ¿Diría lo mismo ahora?
—Empezamos una relación basada en el respeto a Vox y a sus 62.000 votantes. Somos dos partidos diferentes que coinciden en puntos de sus programas de gobierno, pero con puntos que nos diferencian. Lo importante es saber encontrar estos puntos de unión, pero también respetar la correlación de fuerzas. Es un principio democrático básico.
Hoy, 25 de mayo, no hay Presupuestos aprobados.
—El ruido se queda circunscrito al Parlament porque ni se ha trasladado a la calle ni a las votaciones. Estos dos años se ha aprobado todo lo que se ha llevado al Parlament a diferencia de lo que está pasando en el Congreso de de los Diputados, con un Gobierno incapaz de sacar la más mínima iniciativa. Somos conscientes de la dificultad que supone gobernar en minoría, pero este ruido o esas discrepancias no han afectado a la acción de gobierno del Ejecutivo.
¿Pero habrá Presupuestos?, ¿los van a firmar con sangre, como dijo la portavoz de Vox, Manuela Cañadas?
—La hoja de ruta de este Govern no se firman con sangre; se firman con lealtad y con respeto y también con discreción. En diciembre no se dieron las condiciones para aprobar los Presupuestos y a ello se sumó una estrategia estatal que lo impidió. Hemos seguido gobernado con los presupuestos prorrogados y ni los servicios públicos ni los ciudadanos se han visto resentidos. Aún así, creo que es importante poder aprobarlos y dar un nuevo impulso a las políticas del cambio.
Supongo que no me va a decir cuál es la discrepancia para que no se aprueben las cuentas: ¿lengua, vivienda?
—La negociaciones están dentro de la normalidad de dos partidos distintos con puntos de vista diferentes. Gobernar en minoría nos ha permitido marcar los tiempos, el tono de las políticas y los matices. Las políticas no son algo de blanco y negro, sino de matices y estamos en ellos.
¿Se va a modificar la política lingüística de estos 40 años?
—Lo dije en campaña y nada más llegar al Govern: el Estatut d’Autonomia marca una hoja de ruta muy clara. Es público y notorio que tenemos diferencias con Vox, pero mi actitud, mi posicionamiento político y personal es de sobras conocido. Para mí es una pena que la lengua siga siendo un arma de confrontación política. Lo que hemos hecho en lengua es de sentido común. En la sanidad, el anterior gobierno, bajo mesa, hizo excepciones del requisito de catalán. Més lo hizo con los funcionarios de dependencia. Nosotros lo hemos hecho al descubierto, hemos puesto orden priorizado siempre la atención sanitaria a la ideología.
¿Ya ha matriculado a su hija y qué idioma elegirá cuando lo haga?
—Eso es algo que aún no he hablado con mi marido y es una decisión conjunta de la familia. Nosotros hablamos en mallorquín con los niños y, en casa de mi marido, lo hacen indistintamente. Mis hijos son bilingües aunque su lengua materna es el mallorquín. No tengo ningún problema en elegir una cosa o la otra.
Dos años de Govern ya dan para hacer balance: a pesar de todas las medidas adoptadas, el precio de la vivienda sigue subiendo. ¿Está satisfecha?
—Esta semana hemos sabido que los precios de alquiler han bajado en Balears, la única comunidad autónoma donde lo han hecho, pero lo que tenemos ahora son los resultados de los últimos ocho años de no política de vivienda ni para las rentas medias ni para los jóvenes ni para los trabajadores. También hemos actuado en la fiscalidad y fuimos la primera comunidad en eliminar impuestos por la compra a menores de 30 años, hemos puesto en marcha el programa Lloguer Segur y había que activar otra palanca, que es poner suelo. Lo hemos hecho con el decreto de vivienda y con proyectos por debajo del precio del mercado y pensados para los residentes con un mínimo de 5 años de residencia.
¿Por qué?
—Porque la prioridad debe ser para ellos. Ya hay algunos municipios que piden 18 años de residencia para poder acceder a esta vivienda. Para mí la imagen de la política de vivienda de la pasada legislatura es Nou Llevant, un barrio nuevo en Palma de vivienda de superlujo hecha para residentes extranjeros. Yo no quiero que esta imagen se repita con nuestras políticas.
Pero la ley que desbloquea suelo encarece los pisos y los promotores tendrán más beneficios. La oposición lo ha bautizado como ‘decreto pelotazo’.
—Se han dicho muchas barbaridades, pero la realidad es que ese suelo que se desbloquea lo marcó el plan general de Palma que aprobó la izquierda y con un mecanismo que incluyó la ley Carbonero. Los que hablan de pelotazo deberían comprobar que esos suelos están en el plan general que aprobó la izquierda. Lo que importa es que habrá más de 20.000 viviendas en Palma pensada para los residentes y la mitad tendrán algún régimen de protección.
En materia de turismo no podrá subir la ecotasa.
—Aquí se ha aprobado el primer decreto de contención de la historia de esta Comunitat, que no permite crecer ni una plaza turística más. Puede que llegue tarde, tal vez, porque llega después de haber crecido más de 115.000 plazas en ocho años del anterior Govern, que permitió el alquiler en plurifamiliares y no actuó contra la oferta ilegal. Este decreto no permite ni una plaza más y prohíbe el alquiler turístico en plurifamiliares por primera vez en Balears. Desde el Partido Popular considerábamos que había margen para subir la ecotasa, para modularla y para que los residentes no la pagaran, pero no hubo acuerdo aunque nos habría gustado hacerlo.
Esas 95.000 plazas que estaban en un limbo las aprobó Armengol, pero las validará Prohens.
—No es así. Esas plazas no estaban en un limbo y eso de que tenían vocación de desaparecer lo desmintió la propia Armengol en el debate de la ley en el Parlament. El PSOE aprobó una enmienda del PI para proteger estas 90.000 plazas. Lo único que que hemos hecho nosotros es poner condiciones al intercambio y reactivar estas bolsas transitorias mientras cada Consell fija el techo de plazas.
No sé si se esperaba la reacción furibunda de los hoteleros y de algunos muy concretos como Gabriel Escarrer.
—Los hoteleros, como cualquier otro sector, merecen todo todo mi respeto. Yo haré como el anterior Govern porque todas las críticas tienen que ser respetadas. Los hoteleros defienden un modelo y un sector concreto mientras que la obligación del Govern es defender el interés general. Además, este decreto da herramientas al sector para que mejore y persiga a fondo la oferta ilegal, algo que antes se negaba, como se negaba la saturación con el argumento de que era una sensación.
Se habla mucho de la congestión turística y muy poco del aumento poblacional. ¿Ha llegado el momento de hacer un planteamiento de fijar límites?
—Yo creo que una cosa va ligada con con la otra. Balears somos esta España que se llena porque somos una una tierra de oportunidades. Estamos en una situación de pleno empleo y seremos la comunidad que más crecerá de toda España. Este crecimiento poblacional va muy ligado a un modelo económico intensivo en mano de obra y hay que pensar en la transformación de este modelo. Hay que apostar por esta transformación a un modelo también más intensivo en conocimiento y en innovación.
Esta semana denunciaba que se siente abandonada por el Gobierno en inmigración.
—O actuamos o en poco tiempo vamos a sufrir el mismo drama humanitario que Canarias. El año pasado alcanzamos una cifra récord de 6.000 inmigrantes irregulares y casi 600 menores no acompañados. En 2018, o sea, no hace ni 10 años, llegaron 22 personas. El Gobierno no controla ni protege nuestras fronteras exteriores. Yo aquí no voy a caer en buenismos y voy a poner todo lo que sea necesario para minimizar el efecto llamada y verificar que los menores que llegan sean realmente menores. Yo no puedo dormir tranquila sabiendo que tenemos a chicos que no son menores en centros de menores, por eso pido pruebas que den más fiabilidad.
¿Qué tal su relación con Sánchez?
—Inexistente dentro de la cordialidad. Le he podido hablar de lo maltratados que nos sentimos en comparación con el trato de favor que está recibiendo Catalunya en materia de financiación o de inmigración. Este trato de favor hace que los ciudadanos de Balears acabemos pagando la factura de los catalanes. Un año después de decírselo, los resultados brillan por por su ausencia. Tenemos un Gobierno que no gobierna y un presidente incapaz de aprobar cualquier norma en el Congreso y acorralado por los casos de corrupción de su círculo más íntimo, incluido el de las mascarillas ‘fake’ y los 4 millones de euros que pagaron los ciudadanos de Balears.
¿Y con la oposición? En el Parlament hay una ausencia que a la vez es una gran presencia: Francina Armengol.
—Yo soy muy respetuosa con los procesos que viven el resto de partidos porque he vivido momentos de mucha dificultad en mi propio partido, así que prefiero ser respetuosa en estos momentos difíciles y de crisis interna.
El próximo congreso será el del PP que elija a Feijóo. ¿Prevé problemas?, ¿cómo son sus relaciones?
—No, no espero nada de ruido. Éste es un congreso pensado, un congreso decidido, para debatir y para construir con un liderazgo que es incuestionable. Alberto Núñez Feijóo entiende mucho a las autonomías y especialmente a una comunidad como Balears. Me siento muy apoyada.
Claudio RanieriTe cuela este otro: Supongo que lo siguiente creará jurisprudencia, en las CC.AA. con las debidas medidas contra el adoctrinamiento en los centros escolares en donde toda la materia a enseñar se realiza en barceloní normalizado, además de las repercusiones sobre toda norma, decreto, ley, etc., que vaya contra "SA NOSTRA LLENGO", contra la libertad de elección del IDIOMA en la educación de nuestros hijos y sobre el centro que mejor se adecue a la ideología familiar. El Tribunal Superior de Cataluña anula las instrucciones para excluir el español como lengua vehicular en las escuelas. Publicado en LibertadDigital el 16/04/2025 por Pablo Planas (Barcelona). Las órdenes de la Generalidad a los centros educativos consisten en evitar el español en todas las actividades tanto fuera como dentro de las aulas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado las instrucciones de la Generalidad para excluir el idioma español como lengua vehicular en las escuelas. Es otra victoria judicial de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad presidida por Ana Losada, que no tendrá consecuencias. En plena polémica por la negativa de la Generalidad a acatar las sentencias que le ordenaban que el 25% de las clases se impartieran en español, la consejería de Educación emitió unas instrucciones que suponían la exclusión total del español de cualquier actividad en los recintos educativos, fueran clases de matemáticas, de gimnasia o en el comedor. Eran las órdenes generales para el curso 22-23. Con el título "Documentos para la organización y gestión de los centros. Proyecto educativo del centro. Curso 2022-2023," la consejería de Educación, que estaba en manos del republicano Josep González Cambray, impartía instrucciones para asentar el modelo educativo separatista. Insistía a los docentes sobre "el papel de la lengua catalana, y del occitano en el Valle de Arán, como eje vertebrador del proyecto educativo del centro". Y ordenaba: "los centros deben velar para que el catalán en toda Cataluña, salvo en el Valle de Arán, y el occitano (denominado aranés) en el Valle de Arán, como lenguas propias, sean las lenguas normalmente empleadas como lenguas vehiculares y de aprendizaje del sistema educativo, y que la lengua de signos catalana sea la lengua de referencia cuando proceda". Obsesión separatista: Los papeles de la Generalidad mostraban sin tapujos la obsesión separatista: "La lengua catalana no es únicamente una lengua objeto de aprendizaje. Es la lengua de la institución y, por tanto, la lengua de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general", se insistía a las escuelas. En realidad, la novedad estaba en poner negro sobre blanco las bases del régimen lingüístico de la "escola catalana" vigentes desde hace cuarenta años. Sin embargo, eso dio pie a una demanda de la AEB que ha visto satisfecha con una resolución contundente del TSJC. La entidad favorable al bilingüismo ha informado este miércoles de que de la sentencia declara nulas gran parte de las instrucciones, como la que atribuye a catalán y aranés la condición de lenguas vehiculares sin hacer mención alguna al español. "El Tribunal considera que la ausencia de mención del castellano no permite garantizar su presencia adecuada, tampoco asegura que haya instrumentos de control y evaluación para velar que el alumnado alcance sus competencias lingüísticas, ni indicaciones a los centros educativos para que compensarán las carencias que pudieran existir", destaca un comunicado de la AEB. También ha sido anulada la instrucción en la que se indicaba que el catalán "es la lengua de la institución y, por tanto, la lengua de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general" La AEB impugnó también los apartados relativos a las líneas estratégicas entre los que destacaba que "los factores culturales y cívicos están impulsados por la voluntad de conformar una ciudadanía catalana identificada con una cultura común en la que la lengua catalana se convierta en un factor básico de integración social". También se fijaba como objetivo "consolidar el modelo lingüístico del país, potenciando la lengua catalana como vehicular dentro de un proyecto plurilingüe e intercultural". Para el TSJC no hay duda de que otra vez el español quedaba excluido del proyecto educativo, lo que juzga contrario a los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución.