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CONFLICTO

Decenas de padres secundan la huelga para apartar al profesor condenado: «Sólo 10 de 200 niños han ido a clase»

Las familias exigen a la Conselleria d'Educació que tome medidas y no permita a Miguel Roldán ejercer la docencia con menores

Decenas de padres han secundado durante este viernes la huelga que tiene como objetivo apartar de la docencia a Miguel Roldán, profesor condenado por acoso a un exalumno. | Pilar Pellicer

| Pla de na Tesa | |

«Es un gesto desesperado», dice Joan Andreu Juan, padre de un alumno y presidente del AFA del Ceip Gabriel Janer Manila, el centro que, desde el pasado 18 de noviembre cuenta entre sus filas de docentes con Miguel Roldán, el profesor condenado recientemente por acoso a un exalumno al que dio clase en ese mismo centro al que se ha reincorporado.

Según defienden los padres, nadie quería llegar a esta situación «pero ya no nos sentimos seguros cuando traemos a nuestros hijos al colegio», manifiestan. Por ello, decenas de padres se han reunido hoy frente a las puertas del colegio para expresar su angustia y enfado contra la Conselleria d'Educació por no haber tomado medidas más contundentes. Además de los presentes en la convocatoria, otros tantos han secundado la huelga, ya que el Ceip Gabriel Janer Manila sólo cuenta hoy con diez alumnos presentes, de los doscientos en total que conforman el alumnado.

Durante el manifiesto leído ante las puertas del centro, los padres lanzan duras críticas contra la Conselleria d'Educació «al considerar una 'coincidencia casual' que el alumno, víctima de acoso, fuera de este centro, defender que el docente tiene un 'comportamiento ejemplar' desde inicio de curso o creer que su reciente matrícula como alumno en Son Pacs para contactar con otros alumnos 'no guarda relación con su función docente'», según explican en el comunicado leído en voz alta.

El AFA, con el apoyo de la mayoría de progenitores, considera que la Conselleria «lleva una venda en los ojos» y que Roldán «no está en condiciones de dar clases a menores de edad»; por lo que aseguran que acudirán a instituciones y administraciones superiores si no les hacen caso. «Nos sentimos absolutamente desamparados por parte de la Administración que tendría que poner por encima de todo la protección de nuestros hijos, y con mucho dolor, tenemos que decir, que no lo está haciendo», zanjan.

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