Las okupaciones de viviendas se han duplicado en Baleares durante la última década. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, en el ejercicio 2023 se contabilizaron un total de 407 hechos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles, mientras que en el año 2013 fueron 193. Desde el Ministerio del Interior precisan que «el delito de allanamiento de morada consiste en la conducta de entrar y mantenerse en una morada ajena (domicilio) sin autorización; mientras que la usurpación recoge la entrada, sin autorización debida, en un inmueble, local o edificio que no constituye morada/edificio. Son tipos penales distintos que protegen bienes jurídicos diferentes: el allanamiento protege la inviolabilidad del domicilio, mientras que la usurpación protege la propiedad de un inmueble».
Es importante tener en cuenta que el pico se registró en 2021 y desde entonces se está experimentando un ligero descenso. En concreto, en dicho año se contabilizaron 509 casos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles; mientras que en 2022 bajó a 417 y en 2023 disminuyó a 207. Sin embargo, aún es pronto para poder hablar de un cambio de tendencia.
Okupas identificados
El Ministerio del Interior también informa de los casos de okupaciones en los que se ha identificado al presunto autor. En concreto, de los 407 hechos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles en 2023, se identificó al presunto autor en 232; es decir, algo más de la mitad. Un dato relevante es que la cifra de casos resueltos ha descendido, ya que de los 193 conocidos en 2003 se identificó al autor en 115.
Aún más significativa es la diferencia entre detenidos e investigados: en 2023 fueron 107 por haber okupado un inmueble, mientras que en 2013 fuero 124. Este dato es especialmente llamativo, puesto que hace una década hubo más investigados y detenidos que okupaciones; en 2023 fueron bastantes menos.
Si se toma como referencia el conjunto de España, en 2023 se registraron un total de 15.289 hechos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles, mientras que en 2013 fueron 7.739; es decir, prácticamente la mitad, por lo que la situación es muy similar a la del Archipiélago balear. Por tanto, la okupación es un problema de Estado, motivo por el que el PNV ha presentado una enmienda a la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que permitirá agilizar los lanzamientos. Se ha aprobado con los votos del PNV, el PP, ERC y Bildu; estos últimos se equivocaron en el sentido del voto, pero como los populares tienen mayoría absoluta en el Senado este punto ya no se podrá modificar.
En concreto, lo que se hace es añadir los delitos de usurpación, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, y de allanamiento de morada, en el artículo 202 del Código Penal, para que estos pasen a tramitarse en los juicios de procedimiento abreviado, es decir, en un plazo máximo de 7-8 días; a lo que hay que añadir el tiempo del desalojo, que también será rápido. Este nuevo marco normativo entrará en vigor el próximo año, por lo que habrá que estar muy pendientes del impacto que tiene en las okupaciones de viviendas.
Diria que quan vox guanya augmenten les ocupacions i quan perd disminueixen. Qui són els votants d'aquesta gent.