Los reproches entre el PP y el PSOE han ido a más este jueves tras conocerse un auto del juez del caso que señala entre otros asuntos que Ábalos actuó de «intermediario» en las gestiones de su exasesor Koldo García para tratar de solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros del Govern balear a la empresa de la trama por la compra de unas mascarillas que resultaron defectuosas.
«No hay un solo español que crea que esto coge al señor Sánchez por sorpresa y que no vea un cerco al señor Sánchez cada vez más grande y más próximo», ha dicho Feijóo en una comparecencia en el Senado ante los medios, donde ha insistido en que el presidente del Gobierno y líder del PSOE «conocía lo que estaba ocurriendo (con el caso Koldo) y lo tapó».
Feijóo ha pedido explicaciones tanto a Sánchez como a la presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, a la que ha acusado de «esconderse», y ha negado ser él el 'Alberto' que aparece en el auto judicial, fechado el pasado 7 de febrero.
En concreto, el juez señala en su auto que Koldo García comunicó el pasado 2 de diciembre a uno de los empresarios clave de la trama investigada, Juan Carlos Cueto, «que había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto'» para tratar, presuntamente, de una futura reclamación del Govern balear sobre la compra de mascarillas.
Tanto Feijóo como el propio portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, han negado que este haya mantenido alguna conversación o reunión con Koldo García, pero el PSOE ha aprovechado este asunto para cuestionar la actuación de los populares.
«(Tellado) tendrá que dar explicaciones y para eso está la comisión de investigación (del Congreso), de la misma manera que esperamos saber quién es Alberto», ha dicho la vicepresidenta del Gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero, en relación a la comisión impulsada por los socialistas para investigar el caso Koldo y otros sobre compra de material sanitario en pandemia.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha restado importancia al encuentro que según el juez mantuvo Ábalos con Koldo García el 10 de enero de este año en un reservado de una marisquería de Madrid porque, según ha comentado, «ir a comer no es ningún delito» y «era su asistente, su asesor hasta hace poco».
Respecto a Armengol, fuentes del entorno de la expresidenta balear aseguran que ésta «jamás» habló con Ábalos sobre las mascarillas del caso Koldo ni de la reclamación que inició para solicitar la devolución de una parte de su importe al comprobar que no se adecuaban al contrato firmado.
Las mismas fuentes inciden en que toda la contratación se hizo de forma legal, fue fiscalizada y los contratos no dependían de la decisión personal de Armengol, sino de la administración al ser una responsabilidad funcionarial.
En cambio, el portavoz del Govern balear, Toni Costa, del PP, cree que Armengol debería dar explicaciones sobre el caso y ha asegurado que «ningún alto cargo» del actual Servicio de Salud balear ha tenido «ni el más mínimo contacto con Koldo ni nadie de la presunta trama de corrupción» por la venta de mascarillas en pandemia.
No obstante, ha admitido que existe la posibilidad de que «miembros de la empresa o Koldo hayan tenido contacto con funcionarios» por el procedimiento de reclamación que inició el Govern en agosto de 2023 para pedir la devolución de 2,6 millones de los 3,7 millones abonados a la empresa Soluciones de Gestión.
Otro de los gobiernos autonómicos en el punto de mira por el caso Koldo es Canarias, cuyo expresidente y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido su gestión en la compra de mascarillas y ha dicho que si alguien se ha lucrado o se ha corrompido, «que lo pague».