El juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia cree que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se reunió en enero con su exasesor Koldo García en una marisquería de Madrid para abordar la reclamación de Baleares por el expediente de las mascarillas. En un auto del pasado 7 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno señala al exministro de Transportes José Luis Ábalos como «intermediario» de la presunta trama.
En el auto se autorizaban una serie de intervenciones telefónicas a los investigados. «La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo», apunta De momento, ni Ábalos ni Pombo figuran como investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas, una de ellas Koldo, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.
Al señalar a Ábalos, el instructor pone el acento en un encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de enero en un restaurante de Madrid. «Koldo se reúne entre otras personas con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana entre las 21.15 y las 22.20 horas aproximadamente, como queda reflejado en el oficio policial», precisa. Para el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, esta reunión «tiene un especial interés para los hechos investigados» habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre el empresario Juan Carlos Cueto, presunto 'cerebro' de la trama, y Koldo.
Según se desprende de la investigación, en dicha llamada «Cueto le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero le dijese algo a un tercero». «De hecho, Koldo le informaba a Cueto que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente -cuando se reúne con Ábalos- era esa, se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a Soluciones de Gestión», añade el juez. La reclamación deriva de un contrato de 3,7 millones de euros entre la empresa y el IbSalut de abril de 2020.
Como expuso este miércoles el actual director general del IbSalut, Javier Ureña, un representante de la empresa ofreció al Govern por teléfono el envío del cargamento de mascarillas, un pedido que al parecer iba destinado a otra administración que por circunstancias que se desconocen no se las quedó. El primer documento en el expediente es el correo electrónico que el 25 de abril de 2020, el titular de la empresa, Íñigo Rotaeche --uno de los investigados-- dirigió al que entonces era director de Gestión y Presupuestos del IbSalut, Manuel Palomino. Ese correo, con el asunto 'Contenido avión 26/04/2020 KN95', fue enviado tanto a la dirección corporativa de Palomino como a una de dominio particular. Con todo, según se desprende de las alegaciones de la empresa el pasado noviembre, antes de aquel correo electrónico hubo una conversación telefónica, aunque los actuales responsables del servicio desconocen entre quiénes y en qué circunstancias. En el mensaje, Rotaeche remitía documentación sobre la calidad de las mascarillas que transportaba un avión que llegaría a Barajas al día siguiente, un material que, se indicaba, podría llegar a Baleares. No obstante, según Ureña, parece ser que el pedido iba originalmente destinado a otra administración, aunque desconocen por qué no se las quedó y se ofrecieron en su lugar a Baleares.
De hecho, el director del IbSalut lanzaba que «cuando ofrecen el cargamento del avión, o está saliendo o está ya en el aire, porque llega en horas a Baleares vía Madrid». El cargamento, 1,4 millones de mascarillas en 1.329 cajas, se recibió el 27 de abril. Fue en junio que se recibieron los resultados de los análisis al material recibido comprobando que no cumplía los requisitos de una mascarilla FFP2.
A pesar de ello, el 12 de agosto de 2020 a solicitud de la empresa, el IbSalut emitió un certificado de conformidad constatando que el contrato se había ejecutado "correcta y satisfactoriamente" sin que se hubiera producido "ninguna incidencia". Este documento es el principal escollo que ven los actuales responsables del Ibsalut para que la reclamación pueda prosperar, sumado al hecho de que el Ejecutivo anterior tardara tres años en iniciar las primeras gestiones para exigir una compensación.
De hecho, Ureña llamó la atención sobre la ausencia de movimientos pese a que en 2022 la Guardia Civil y la Fiscalía ya requirieron el expediente dentro de una investigación. Meses después, en marzo de 2023, Manuel Palomino --como director general del IbSalut tras la salida de Juli Fuster-- dirigió un apercibimiento a la empresa anunciando medidas, aunque el documento tiene un valor meramente comunicativo sin efectos jurídicos como reclamación. La empresa respondió al escrito manifestando su oposición. Aquel contacto fue el único hasta la propuesta de inicio de resolución parcial, un informe del subdirector de compras del 6 de julio donde ya se cifra en 2,6 millones de euros la compensación.
Con todo, según el Govern ahí tampoco comienza formalmente la reclamación, sino que se materializa el 24 de agosto de 2023 con una resolución parcial de contrato. Actualmente el expediente está en fase de resolución de alegaciones, según el IbSalut. En este sentido, desde el IbSalut han asegurado que la reclamación sigue plenamente vigente, a pesar de que en un auto recogiendo las tesis de Fiscalía Anticorrupción se especulaba con la posibilidad de que hubiera caducado en enero. Aquella conclusión se basa en conversaciones entre los imputados, que para los investigadores sugieren que García pudo maniobrar para intentar frenar la reclamación.
Se reunían para hablar del tiempo y sobre la receta de ses panades. ¡Qué sóis todos unos mal pensados!.