La onda expansiva del COVID-19 ha sacudido la cárcel de Palma. De momento la situación es de calma tensa, con más de cuarenta presos en cuarentena y una funcionaria que ha dado positivo. Pese a todo, no se han registrado motines ni actos violentos e incluso algunos presidiarios se han ofrecido a la dirección para colaborar y calmar los ánimos.
En la actualidad, la penitenciaría de la carretera de Sóller suma 1.210 internos y 500 funcionarios. Una cifra relativamente modesta en comparación con otras prisiones nacionales. Sin embargo, el día a día de los presos ha cambiado drásticamente por la sombra del coronavirus, que es alargada. Se han suspendido los encuentros íntimos del vis a vis y tampoco pueden entrar familiares o amigos para las visitas. La droga, por ende, no fluye como antes. Ni mucho menos.
Para compensar un poco esta situación, la cárcel permite ahora un aumento en el número de llamadas de los presos: antes podían hacer diez y ahora quince. Estar cerca de los suyos, aunque sea vía telefónica, es una terapia para muchos. Los responsables del centro también han tenido en cuenta la precaria situación de algunos reclusos, con nulos recursos económicos, y les facilitan tarjetas con saldo.
Las instalaciones penitenciarias, además, han sido desinfectadas por una empresa especializada y se están extremando las medidas de precaución. La obsesión es ahora que ningún reo se contagie. Todos son conscientes que un brote entre rejas podría tener consecuencias desastrosas y las autoridades están multiplicando los controles para evitar este escenario.
Cualquier preso que llega del exterior, bien por un permiso penitenciario antiguo o por otra circunstancia, permanece catorce días en cuarentena, en el módulo de Ingresos. Luego, si no ha desarrollado ningún tipo de síntoma compatible con el coronavirus, puede entrar en su departamento habitual.
Con la población interna las medidas preventivas son muy duras: si alguna presenta fiebre, tos u otro indicios sospechoso es confinado en aislamiento. En total, esta semana hay más de cuarenta internos separados del resto, en cuarentena, pero de momento ninguno ha dado positivo en el test de Covil-19.
Una funcionaria, en cambio, sí que ha contraído la enfermedad y está de baja. Las personas que tuvieron contacto con ella están bajo control, tal y como se establece en los protocolos sanitarios. El exterior de la prisión, antes un zoco, es ahora un páramo. Casi nadie entra o sale, solo los trabajadores penitenciarios. No llegan voluntarios. «Hay que oxigenar, es muy importante evitar las aglomeraciones», explicó una fuente consultada.
El horario de los funcionarios también ha sufrido modificaciones por el terremoto social provocado por el virus. Ahora, hay flexibilidad total y los trabajadores pueden sumar horas para luego librar hasta seis días seguidos. De esta forma se evitan aglomeraciones y se desploma el riesgo de contagio. El director, Francisco Baldonedo, y el resto del equipo directivo, están realizando jornadas muy intensas para garantizar la normalidad en la prisión. Estos días se han realizado nueve test a internos, pero todos han dado negativo.
Pero en estos tiempos caóticos, no todo es preocupación y tensión en el centro penitenciario palmesano. Desde que el Gobierno puso en marcha el estado de alarma, algunos internos se han puesto en contacto con el alcaide para hacerles saber que se ponen a disposición de la penitenciaría para colaborar en cualquier actividad. Las actividades deportivas también se han limitado e incluso los reos, previa autorización, pueden renunciar a pasear por el patio y quedarse en su celda. Donde están más seguros.