El juez Miguel Florit, anterior instructor del caso Cursach, se sienta este jueves en el banquillo acusado de un delito de prevaricación y otros contra el secreto profesional por la serie de autos que desembocó en el que ordenaba la incautación de los móviles de dos periodistas. El juez, a preguntas del fiscal jefe, Bartomeu Barceló, ha argumentado en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares su decisión de intervenir los dispositivos en que «se publicó en prensa un informe policial en un momento en que el escrito no lo conocía nadie. Ni siquiera yo mismo. Solo tenía información verbal del entonces jefe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional». Florit ha valorado que «la filtración era un hecho gravísimo».
En este sentido, y tras negarse a contestar a las preguntas de las acusaciones particulares -la Agencia EFE, Diario de Mallorca, los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, Europa Press y la Asociación de Medios de la Información (AMI)-, ha añadido que «los abogados tampoco conocían el contenido de ese informe y, tras ello, decidí incoar unas diligencias por un presunto delito de revelación de secretos».
Florit, para el que las acusaciones particulares reclaman una inhabilitación de 42 años, ha desvelado que su intención era «descubrir al autor del presunto delito de revelación de secretos, que tenía que ser, supuestamente, un funcionario». En este punto, ha opinado que «al dictar los autos valoré que no comprometía el secreto profesional de los periodistas», quienes «entregaron voluntariamente los móviles» por lo que «no hubo ningún mandamiento de entrada y registro, puesto que entregaron voluntariamente los móviles», ha insistido y subrayado que los móviles «no fueron manipulados en ningún momento».
El juez ha recordado que la intervención se produjo el día 11 y «el día 12 la policía me informó del resultado negativo de otros efectos en la sede de Diario de Mallorca».
En el turno de preguntas de su defensa, Miguel Florit ha afirmado: «No podía intervenir los teléfonos del juez Penalva y del fiscal Subirán al ser aforados. Los periodistas eran solamente dos». En su relato, ha contado que solicitó a la policía el listado de llamadas de los periodistas y ha reconocido: «Al dictar la resolución me planteé que podía estar vulnerando el secreto profesional de los periodistas. Con un listado de llamadas no se averigua el contenido. La búsqueda se acotó a unas personas, funcionarios del juzgado y de la policía, y a unas fechas».
Florit ha insistido en que el delito «era grave. Era mi deber investigar el delito de revelación de secretos».
En otro momento, Florit ha revelado que había recibido «un informe de los policías que investigaron el asunto, que señalaba que había muchas más filtraciones a la prensa. Me planteé si vulneraba el secreto profesional de los periodistas, pero pensé que era más importante el delito de revelación de secretos».