Una treintena de policías locales de Palma, tres máximos responsables del cuerpo, un exconcejal y dos funcionarios de Cort quedan a la espera de la Fiscalía Anticorrupción. El juez Enrique Morell dictó este jueves un auto en el que cierra una de las piezas de la macro investigación por corrupción policial e incluye en ella el supuesto amaño de las oposiciones para ascender a oficial y las actividades de la Patrulla Verde del cuerpo a excepción de las que tienen que ver con los empresarios Bartolomé Cursach y Miguel Pascual, que están en otros procedimientos.
El escrito da traslado a las acusaciones para que planteen a cuáles de los investigados quieren llevar a juicio y con por qué delitos. El auto deja abierto el abanico de hasta 15 distintos tipos penales: de organización criminal a cohechos, coacciones, extorsión o obstrucción a la justicia. «El código deontológico impuesto a los agentes de la autoridad ha sido defraudado por los encausados que han hecho un uso torticero del poder, actuando de forma coordinada como una organización criminal», señala el juez indice en que: «Se habrían creado claras conexiones directas entre los agentes e intereses económicos y empresariales en perjuicio de las exigencias de la ley».
Navarro
El exconcejal Navarro, el máximo cargo público que aparece, está incluido por haber supuestamente aprobado la sanción a un policía local enfrentado a la trama por unos hechos que no había cometido. Actuaciones similares llevan a la imputación de los antiguos jefes Joan Miquel Mut y Antonio Morey. Antoni Vera, que también fue máximo responsable del cuerpo, aparece vinculado con el amaño de las oposiciones junto al entonces director general de seguridad, Enrique Calvo. Ambos dimitieron tras el estallido del caso, en 2013. El juez concluye que el amaño buscaba «garantizar la perpetuación en el tiempo de una trama delictiva que, además actúa protegida por mandos policiales y ciertos cargos políticos».
La otra línea principal que llegaría a juicio es la actuación de la Patrulla Verde. Ahí es incorpora tanto los pagos que recibían agentes a cambio de llevar a cabo trabajos como instalación de tapicería, vigilancia privada o venta de seguros a algunos establecimientos como las inspecciones que se llevaban a cabo en otros: «No es preciso explicar que la relación policía-empresario se adentra en un terreno pantanoso donde se produce una simbiosis de intereses y se traduce inevitablemente en las prebendas ya ampliamente constatadas, consistentes en dinero, alcohol, comidas y sexo que reciben unos y los preavisos , acoso a la competencia y trato de favor para los otros».
Estas tramas se basan en declaraciones de algunos de los testigos más controvertidos del caso como ‘El Ico'. El magistrado señala que «el análisis de la mayor o menor credibilidad de los testigos queda reservado para el juicio». También insiste en que no se pueden descartar por ahora los indicios que existen de la comisión de estos delitos. Serán ahora las acusaciones y muy especialmente Fiscalía quienes filtren quién va a juicio y con qué cargos.
Las defensas
Esta es la primera decisión de calado que adopta uno de los tres magistrados en los que se dividió la causa tras la baja del juez Miquel Florit.
El auto será recurrido por las defensas de los 36 investigados en esta pieza y, uno de los argumentos será que no se puede desembocar en un juicio hasta que haya finalizado la investigación por supuestas irregularidades en la instrucción cometidas por el juez que más tiempo estuvo al frente del caso, Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Las principales derivadas del caso están ahora mismo a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción se pronuncie sobre qué hacer en ellas, algo que ocurre en el ‘caso Cursach'.