El Consell ha solicitado al Ministerio de Cultura la cesión temporal del Castell d’Alaró, un Bien de Interés Cultural (BIC), con el fin de llevar a cabo tareas para su «conservación urgente». La vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, explicó ayer que este es el segundo requerimiento al Gobierno de España desde abril, y advirtió que, «si persiste el silencio administrativo, la institución insular tomará las medidas necesarias para garantizar la protección del castillo».
Roca señaló que «el monumento, de titularidad estatal, presenta un grave deterioro, especialmente en sus murallas, que pone en riesgo su estabilidad y la seguridad de los visitantes». En esa línea, insistió que «a pesar de los esfuerzos del Consell y el Ajuntament, no se ha realizado ninguna intervención significativa por parte del Ministerio», una situación que la consellera califica de «insostenible».
El proyecto de conservación propuesto por el Consell comenzaría por la zona de acceso al castillo, con trabajos como la retirada de vegetación, la reparación de las murallas y la reposición de morteros, según se detalló ayer desde la institución insular. «El Castell d’Alaró es un símbolo de nuestro patrimonio, y si no actuamos pronto, corremos el riesgo de perderlo», afirmó Roca, exigiendo la autorización del Ministerio para intervenir de manera urgente.
Además, anunció que, de no recibir respuesta, el Consell actuará según el mecanismo de ejecución subsidiaria previsto en la Ley de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares. La solicitud presentada incluye informes técnicos de 2021 y 2024 que evidencian la necesidad de una intervención inmediata para preservar el monumento. El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, por su parte, explicó que aunque se trata de una actuación del Consell, el Ajuntament «dará todo el apoyo necesario para que se lleven a cabo las tareas de conservación».
Titularidad
Cabe recordar que hay una disputa abierta respecto de la titularidad de la fortificación. Mientras que el Ministerio de Cultura defiende que es suyo, Miquel Àngel Ordinas mantiene que su abueblo lo compró en 1935 y su padre lo heredó en 1999. Además, añade que toda la finca salvo el Oratori y la Hostatgeria (propiedad del Obispado) se subastó en subasta pública en 1885. «La Iglesia le robó a mi abuelo 3.000 metros cuadrados y ahora no permitiré que el PP me robé todo el resto», defendió Ordinas.
Por su parte, lo último que señaló el Estado es que está tramitando ante el Registro de Propiedad la «correspondiente rectificación registral» que permita identificar qué partes del conjunto de la finca son de titularidad pública respecto a las privadas (ya que la fortificación está dentro de una finca privada). Cabe recordar que en la anterior legislatura el Consell ofreció 1,1 millones de euros a la familia Ordinas para adquirir la finca del Castell, aunque la familia pide 2,5 millones.