La antena 5G que en 2021 se instaló en una parcela rústica ubicada en el Camí de Can Boqueta de Inca y que fue precintada por el Ajuntament por incumplir la normativa urbanística ha sido desmantelada y ahora solo queda la estructura y el cierre perimetral.
Los operarios han retirado los generadores eléctricos que suministraban energía así como todo el dispositivo electrónico de la antena situado en lo alto de la estructura. En mayo de 2021, los vecinos de la zona denunciaron a este diario Hora los molestos ruidos procedentes de estos generadores, a la vez que el alcalde Virgilio Moreno manifestaba «la total indefensión de los ayuntamientos ante estas situaciones. Las empresas instaladoras se acogen a Ley General de Telecomunicaciones, que antepone la dotación de tecnología 5G a cualquier normativa urbanística».
Desde el Ajuntament ordenaron en marzo de 2022 la paralización de la actividad de la antena 5G, basándose en un informe que sirvió a la junta de gobierno local para no admitir la declaración responsable de la empresa Telxius. El informe especificaba que «estas instalaciones tienen la consideración de interés general», pero esto «no exime del cumplimiento de la normativa urbanística aplicable».
Además se indicaba que «los promotores deben buscar todas las posibilidades de ubicación en suelo urbano, algo que no ha sido acreditado, sino que se ha buscado la posibilidad más rentable para la empresa, sin valorar los daños medioambientales, estéticos y de contaminación acústica en una zona habitada».
En octubre de 2023, el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma desestimó la demanda que interpuso contra el Ajuntament d'Inca la empresa que instaló la antena 5G, por lo que el desmantelamiento ha seguido su curso.