El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma ha desestimado la demanda que interpuso contra el Ajuntament d'Inca la empresa que instaló una antena 5G en el camino de Can Boqueta. La instalación fue precintada en marzo de 2022 por orden municipal por incumplir la normativa urbanística local y por provocar molestias a los vecinos de la zona a causa del generador eléctrico.
La empresa Telxius Torres España consideró en su demanda que para la instalación era suficiente presentar una declaración responsable y, además, no estaba sometida a licencia ni autorización por la Ley General de Telecomunicaciones. Los servicios jurídicos del Ajuntament sostienen que la declaración responsable «no exime de cumplir con la normativa urbanística aplicable y es preceptiva la presentación de proyecto técnico conforme al Plan sectorial de telecomunicaciones».
El regidor de Urbanisme de Inca, Andreu Caballero, subraya que «la sentencia es un hecho sin precedentes. Una buena noticia para los vecinos y un reconocimiento a la autonomía municipal». Aún así, reconoce que «tenemos claro que es una batalla de David contra Goliat y que la empresa demandante presentará un recurso».