Este verano los restaurantes de la playa de Sa Caseta dels Capellans han vuelto a montar sus terrazas, pese a que la Demarcación de Costas denegó la autorización para instalar mesas y sillas en el exterior de los locales en 2021. Como consecuencia de ello, el verano de 2022, por primera vez en casi sesenta años, estos locales dejaron sus terrazas vacías, en cumplimiento de la orden de Costas, a la vez que iniciaban una serie de acciones legales para tratar de recuperarlas.
En noviembre pasado y ya organizados como asociación, los empresarios que explotan Can Gavella, La Ponderosa y Olimpia Opa & Oma, los tres situados sobre la arena de la playa de Capellans, solicitaron a Costas poder montar de nuevo sus terrazas reduciendo la ocupación al espacio situado bajo sus porches, y dejando libres los laterales. En concreto, pedían montar 25 mesas y 100 sillas cada uno, pero ocho meses después aseguran que no han recibido respuesta y «no podemos perder otra temporada más, hay familias y puestos de trabajo en juego», señalan.
Paralelamente, la situación coincide con el vuelco electoral en las Illes Balears con un cambio político en el Consolat, y unas elecciones a nivel nacional para el 23 de julio que han retrasado de facto el traspaso del Estado a la Comunidad Autónoma de las competencias sobre las autorizaciones temporales de la costa. Un traspaso que estaba previsto materializar en julio.
El Ajuntament se desmarca
El Ajuntament de Muro, que durante décadas era quien tenía la concesión de Costas y a su vez la cedía a estos tres restaurantes mediante un canon anual cercano a los 20.000 euros, ha mostrado su preocupación por la iniciativa tomada por los tres restaurantes y ha señalado que «actúan por su cuenta y riesgo, pues desde 2021 no existe concesión administrativa al ser denegada por Costas». Así lo ha comunicado vía correo electrónico a los empresarios.
Deslinde caducado
Estos consideran que la propuesta de deslinde planteada por el Estado caducó el pasado mes de febrero y que sus terrazas ya no están ubicadas en zona de dominio público marítimo terrestre, donde la Ley de Costas prohíbe los negocios privados. Los servicios jurídicos municipales también tratan de defender que prevalezca el deslinde anterior, paralelo a la línea de mar por delante de las terrazas, para tratar de evitar que afecte también a 26 casitas de veraneo, entre ellas los tres restaurantes, que figuran como 'casetes'. Para ello, logró que en mayo de 2022 visitara la zona el entonces Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aunque el asunto no quedó resuelto.
Por su parte, la Associació de Veïns de la Caseta dels Capellans presentó el año pasado tres mil alegaciones contra el deslinde propuesto por Costas, porque implica que 23 casas quedan afectadas, entre ellas los tres restaurantes de Capellans. En las últimas dos mil, basaron sus alegaciones en que Sa Caseta dels Capellans se trata de un bien comunal y que su prevalencia equivale a la del dominio público.
Desde que estalló esta polémica, el Ajuntament ha apoyado la lucha de los bares de Capellans y abonó la mitad de los 15.000 euros que costó contratar a juristas para presentar alegaciones. Un informe elaborado por el catedrático de la UIB Felio Bauzá señala que Capellans, como bien comunal «no puede ser objeto de deslinde porque no puede albergar una afectación al uso público común marítimo terrestre. Adicionalmente, no se puede segregar un bien comunal para practicar una mutación demanial».
«Pese a ello, en 2022 Muro no pudo cobrar el canon por las terrazas al existir un recurso abierto y los tres bares aportaron solo entre 1.000 y 1.500 euros cada uno», lamentan fuentes cercanas.