El Ajuntament de Palma quiere empezar las obras de demolición de la antigua cárcel el próximo mes de junio. Es el motivo por el que inició este miércoles el procedimiento para desalojar a los actuales residentes, según reconoció la regidora de Serveis Socials, Lourdes Roca en la reunión del Consell Social de la Ciutat.
Roca explicó que hace unas semanas se reunió con el concejal de Urbanisme, Óscar Fidalgo, para abordar este calendario. De este modo, Cort se da un margen máximo de tres meses para completar el desalojo por la vía administrativa. Una vez hecho esto, el Ajuntament no puede permitirse mantener la parcela sin uso o correría el riesgo de que se vuelva a ocupar.
Como adelantó Ultima Hora, el proyecto liberará casi 3.000 metros cuadrados de terreno, incluyendo espacios no construidos. Las instalaciones que serán demolidas son los dos antiguos módulos de admisión y los bloques de viviendas donde residían los funcionarios. Se trata de edificios en un estado de ruina total, y los funcionarios municipales aprecian un riesgo serio de incendio (por la acumulación de basuras y material combustible) o de derrumbe. La inseguridad para los propios moradores fue uno de los argumentos del Ajuntament para iniciar el desalojo, aunque otro factor de peso es poner a disponer el suelo para proyectos públicos.
Vivienda
El alcalde, Jaime Martínez, recordó en rueda de prensa que el Ajuntament quiere utilizar este suelo para un proyecto residencial; podrían ser viviendas de protección oficial o «algún otro tipo de solución habitacional» diferente, «que pudiera estar ligada a un tema de servicios sociales», es decir, enfocada a colectivos vulnerables. «Pero aún no está definido», matizó el alcalde. Y la intención es poner en marcha el diseño del proyecto este mismo año.
Aunque antes de poder plantearse las actuaciones definitivas, será necesaria una intervención de movilidad que pretende resolver el nudo de la vía de cintura. En concreto, se construirá una rotonda y un nuevo vial para la Ma-20. La obra compete al Consell de Mallorca y el alcalde informó de que tiene «constancia de que ya están trabajando en ello».
El pasado mes de diciembre el Ajuntament rescindió el contrato firmado por el Pacte para dar usos culturales a la antigua prisión. Se trataba de un encargo para elaborar los estudios previos y la redacción del proyecto integral de obra del ala norte como centro de innovación cultural y creativo. Al resolver unilateralmente el contrato, Cort asume el pago de una indemnización a la empresa ganadora.
La antigua prisión de Palma se inauguró a finales de los años 60 y se cerró en 1999. En 2013 el Ajuntament adquirió los terrenos mediante una permuta, ya con el plan de derribar la estructura y aprovechar el suelo para construir pisos.
Alquiler a precio regulado para empadronados en Palma desde hace 20 años, funcionarios estatales: policía nacional, guardia civil, funcionarios juzgados y cárceles, a médicos y enfermeras y a estudiantes de la UIB de Menorca e Ibiza, Formentera.