El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado este miércoles que el Ajuntament ofrecerá toda la ayuda social disponible a los sintecho de la antigua cárcel que la puedan requerir. El consistorio ha iniciado hoy mismo el proceso para desalojar a estas personas, que son más de un centenar. La Policía Local ha entregado por la mañana las notificaciones, dando diez días a los afectados para salir de la vieja prisión. Al igual que ocurrió hace pocos días con el inmueble en obras de Baluard del Príncep, se trata de un procedimiento administrativo, pero si no abandonan el recinto voluntariamente, el Ajuntament podría recurrir a la vía judicial.
La ocupación de la antigua cárcel lleva años produciéndose pero en los últimos años el asentamiento ha ido creciendo, lo cual ha generado algunos problemas de convivencia. Además, el alcalde ha insistido en los riesgos para la seguridad de los propios moradores, teniendo en cuenta el estado de estructura del edificio: «Estas edificaciones no están en condiciones para ser habitadas, hay informes de Bombers, Policía e Infraestructures que recomiendan lo que estamos haciendo [el desalojo]».
«No nos taparemos los ojos ante ninguna situación que ocurra en la ciudad de Palma», sentenciaba Martínez, recordando que el equipamiento lleva ocupado al menos diez años. En este espacio se quieren realizar obras de diversa índole; la primera antes de poder plantearse los proyectos finales sería una intervención de movilidad para resolver el nudo de la Vía de Cintura, algo que depende del Consell de Mallorca. «Y tengo constancia de que ya están trabajando en ello». También, que el Ajuntament ejecute la demolición de los edificios existentes.
Después el Ajuntament se plantea utilizar este suelo para edificar viviendas protegidas o «algún otro tipo de solución habitacional" orientado a colectivos vulnerables, «pero aún no está definido». En cualquier caso, la intención del equipo de Martínez es poner en marcha «este año" el diseño del proyecto.
A principios de año el alcalde se reunió con Médicos del Mundo y representantes del IMAS y el Govern para abordar la situación de la antigua cárcel. La ONG urgió a las administraciones a diseñar un plan interinstitucional para estas personas.