El Ajuntament de Palma ha aprobado este miércoles iniciar la recuperación de oficio del inmueble municipal del Baluard del Príncep en el que se ha instalado un grupo de sintecho. Se trata de un proceso administrativo con el que Cort espera que las diez personas abandonen el lugar pacíficamente, sin tener que desalojarlas por la fuerza. La decisión se ha aprobado con carácter urgente en la Junta de Govern.
Según ha explicado la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, la Policía Local y los Servicios Sociales municipales han identificado a una decena de personas residiendo en el lugar. Los trabajadores del Ajuntament ya se han entrevistado con ellas para evaluar su situación y ofrecer alternativas de alojamiento. Con el proceso administrativo se les dará un plazo de diez días para presentar alegaciones, y si no las formulan, tendrán otros diez días para marcharse. Si estas personas no estuvieran dispuestas a abandonar el lugar por su propio pie, el Ajuntament podría verse obligado a solicitar una orden judicial para poder proceder al desalojo. Pero Cort confía en poder encontrar antes una solución más amistosa.
Igualmente, el Ajuntament ha aprobado dirigir un comunicado oficial a la Delegación del Gobierno y al Ministerio protestando por la tardanza en reiniciar las obras y la falta de seguridad del recinto. La obra del Baluard del Príncep debería haber finalizado en 2022 pero se quedó paralizada como consecuencia de la quiebra de la empresa constructora. Ahora está pendiente de que el Ministerio vuelva a licitar el proyecto, pero de momento no hay calendario previsto y en cualquier caso el proceso duraría meses.
Por ello, para que el inmueble no vuelva a ser ocupado una vez desalojado, el Ajuntament pide al Estado que refuerce la vigilancia puesto que «poner una valla no basta». Celeste ha lamentado que ya se habían enviado avisos al Ministerio antes de llegar a la situación actual y ha insistido en que se trata de un lugar en obras y por tanto es peligroso circular por el interior o permanecer allí.
La mayoría de estos residentes son africanos de origen subsahariano y algunos salen durante el día a trabajar. En declaraciones a este periódico defendieron que son pacíficos y que están allí «por necesidad» puesto que «es mejor que estar en la calle». «Los drogadictos nos han molestado mucho y no les queremos aquí», explicaba uno de ellos.