El Ajuntament de Palma derribará en los próximos meses los bloques de edificios junto a la antigua cárcel de Palma, en el recinto penitenciario, y que en la actualidad se encuentran okupados y en un estado de ruina total. Según ha podido saber Ultima Hora, las instalaciones que serán demolidas son los antiguos módulos de admisión y las viviendas donde residían los funcionarios de prisiones, antes del cierre del penal. El recinto carcelario propiamente dicho permanecerá de momento tal y como se encuentra, a la espera de un proyecto definitivo.
La decadencia de aquellas instalaciones, ubicadas en la carretera de Sóller, cerca de la cárcel nueva, ha sido imparable y de un tiempo a esta parte los vecinos del Amanecer y Cas Capiscol se quejan de la inseguridad que supone el trasiego continuo de ‘sin techo’ y marginados que residen en la antigua prisión. En los últimos años, de hecho, se han registrado incendios intencionados, agresiones sexuales, peleas continuas e incluso intentos de homicidio.
A finales del mes de septiembre, una comisión formada por policías locales, bomberos y funcionarios municipales visitó el recinto y comprobó que en su interior hay censados un total de 98 residentes, aunque todo apunta a que el número final podría ser superior porque la Jefatura palmesana estima que hay algunos delincuentes que se esconden en las antiguas celdas, aunque su presencia no ha sido confirmada oficialmente.
La comisión llegó a la conclusión de que el riesgo de un incendio o de un derrumbe de parte de los edificios es una posibilidad real, por lo que el Ajuntament está trabajando en encontrar una solución habitacional para los okupas. La acumulación de basuras es tal, sobre todo de plásticos y material combustible, que cualquier chispa puede desencadenar en un fuego de grandes proporciones, que podría dejar atrapados a muchos de los residentes en aquellos edificios devastados.
Los bloques de las antiguas viviendas de funcionarios cuentan con una planta baja y dos alturas y ocupan, aproximadamente, una superficie construida de 800 metros cuadrados. Los dos módulos de admisión, por su parte, contabilizan otros 500 metros cuadrados construidos. En total, la superficie liberada, incluyendo los espacios no construidos, se acerca a los 3.000 metros cuadrados, aunque la demolición directa solo afectará a los 1.200 referidos.
El presupuesto para el proyecto, según han informado en fuentes municipales, es de 870.000 euros. El tratamiento de los escombros que se generarán se lleva gran parte de esta partida.
En la actualidad, el Ajuntament de Palma está realizando un mapa de la marginación en Palma y ya ha detectado un total de 27 asentamientos ilegales en la ciudad, incluido el de la antigua cárcel de la carretera de Sóller.
El proyecto en las instalaciones carcelarias clausuradas supondrá un «éxodo» de las decenas de ‘inquilinos’ que ocupan los módulos de admisión y las antiguas viviendas de funcionarios. Las autoridades temen que muchos de estos afectados crucen los metros que separan sus viviendas con las celdas y busquen cobijo allí. Sin embargo, el recinto carcelario propiamente dicho ya se encuentra saturado y amenaza con convertirse en una ratonera a medida que van llegando nuevos ‘huéspedes’. También está por ver cómo reaccionar el colectivo que ya ha tomado posesión de aquellas habitaciones.
Este periódico visitó esta semana la antigua cárcel de Palma y se entrevistó con algunos de sus ocupantes. Arturo (nombre ficticio, porque el real quiere mantenerlo en el anonimato) es un inmigrante ilegal colombiano: «Aquí estamos relativamente bien, porque al menos tenemos un techo bajo el que dormir. Nos hemos juntado unos veinte jóvenes, porque hay personas peligrosas y si vas en grupo hay menos riesgos. Tenemos la suerte de que una señora nos deja cargar los teléfonos móviles en su clínica veterinaria, así al menos, por unas horas, podemos conectarnos con nuestras familias y no estar completamente aislados».
Un compañero, José (nombre ficticio pues tampoco quiso hacer pública su identidad), añadió que desde su llegada al recinto han intentado adecentarlo: «Hemos retirado muchísima basura de los pasillos y hemos pintado de blanco algunos muros y paredes, porque había grafitis de caras que parecían diabólicas y daban muy mal rollo. La mayoría del grupo de caribeños y sudamericanos llegaron como turistas «y después nos quedamos aquí, como ilegales. Pensábamos que encontraríamos un trabajo digno, pero la vida está carísima y con lo que pagan es imposible pagar un alquiler. No tener papeles tampoco ayuda». Ataviado con una camiseta del Barça, Arturo recorre las instalaciones carcelarias: «No tenemos ni luz ni agua. La vida aquí no es nada fácil, pero es mejor esto que dormir en la calle».
La limpieza es una de las obsesiones de algunos de los ‘internos’: «Si aquí se acumula basura todo se llena de ratas e insectos, sobre todo en verano, y nuestra salud está en juego. Lo que queremos es vivir en condiciones medianamente higiénicas». En un lateral del penal clausurado hay aparcados tantos carritos, que parece un supermercado. Los okupas los utilizan para transportar los efectos que encuentran en los contenedores y vender chatarra a peso.
En otro extremo del recinto hay guirnaldas de colores colgadas entre el muro exterior y la pared de la prisión: «Las colocamos el otro día, porque uno de los chicos cumplía años y quisimos hacerle algo lo más parecido posible a una fiesta de cumpleaños», cuentan.
Al caer la noche, todo cambia. Las instalaciones se vuelven hostiles y los grupos se mueven juntos «por si acaso». Algunos inquilinos son muy conflictivos y cuando se emborrachan o regresan drogados «son el demonio».
Los okupas son conscientes de que, en breve, serán desalojados de aquellas dependencias y su futuro no pinta muy halagüeño: «En esta zona hay muchos marginados que deambulan por las noches, algunos duermen debajo de los puentes de la vía de cintura, porque no pueden estar en Ca l’Ardiaca, y otros en el parque, junto a un supermercado. Cuando llegue el día y nos saquen haremos lo único que podemos hacer: buscar otro sitio».