El PP ha vuelto a rechazar la petición de Vox para que Emaya readmita a dos sindicalistas de USTE despedidos. Vox sostiene que su salida de la empresa municipal formó parte de una supuesta «persecución política» y es la segunda vez que eleva al pleno esta solicitud. De nuevo, se ha quedado solo en su defensa. El regidor de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá, ha sido muy contundente al respaldar la actuación de los servicios jurídicos de la empresa. Emaya ha recurrido las sentencias de un Juzgado de lo Social que revocan los despidos. Precisamente, al pleno de este jueves ha acudido un grupo de trabajadores (incluidos sindicalistas que han dejado USTE a raíz de este conflicto) para pedir al equipo de gobierno que no atendiera la propuesta de Vox.
Bauzá ha defendido la actuación de la dirección actual y también de su predecesor, apelando a una serie de hechos graves que se imputan a estos trabajadores y que las sentencias, pese a revocar los despidos, reconocen en su relación de hechos. Emaya fundamentó los despidos en dos motivos: uno por revelación de unas bases (un hecho que según Bauzá, ha supuesto un perjuicio de 87.000 euros al Ayuntamiento) y otro por acoso y coacciones. El regidor ha destacado que, en este último caso, la resolución judicial «reconoce 58 hechos probados» incluyendo amenazas como la frase: «Cuando entren los míos os echaremos a la calle». Bauzá también ha destacado que el fallo recoge «manifestaciones humillantes e intimidatorias» vertidas por el trabajador y, como hecho más grave, que habría llegado a «ofrecer 2.000 euros a trabajadoras para que digan que trabajadores de la empresa las acosaban». «Esto está defendiendo», ha avisado Bauzá al portavoz de Vox, Fulgencio Coll. Emaya también ha recibido una carta del propio sindicato USTE donde «no sólo niegan esa persecución sino que dicen sentirse víctimas» de estas dos personas.
El regidor de Medio Ambiente ha apuntado asimismo que los dos trabajadores «en total tienen ocho causas abiertas» y ninguna de ellas con sentencia firme. Algunos son litigios penales donde las acusaciones han formulado peticiones de condena de hasta dos años de cárcel. «El juez ha considerado que deben sentarse en el banquillo y usted nos está pidiendo que los readmitamos. Creo que no es conocedor de todos los hechos y escucha sólo a una parte de los afectados. Deje de hacer demagogia e infórmese», ha aconsejado Bauzá.
Por su parte, el portavoz de Vox, Fulgencio Coll se ha mantenido en que «está claro que hay una persecución»: «Te despido, recurro, y te vuelvo a despedir para que te quede claro que no volverás a pisar Emaya». Además ha asegurado que los juicios pendientes están «prefabricados» dando a entender que la mayoría acabarán archivados. Desde las filas de Vox entienden que con las sentencias del Juzgado «no hay nada que impida que vuelvan». En un tono duro con el PP ha finalizado su intervención: «Acaban de marcar un paso erróneo, tienen ustedes más miedo de hacer ciertos acuerdos que está bancada [señalando a los grupos de izquierda] les pueda sacar o decir algo».
El PP ha contado con el apoyo de los grupos de la oposición, que han acusado a Vox de pretender saltarse procedimientos reglados mediante un acuerdo político. Neus Truyol, de Més, ha agradecido el «posicionamiento firme» de Bauzá y ha reprochado a Vox que acuda al pleno a «hacer política de amiguismo» y su insistencia «pese a que el PP le ha dicho de forma clara que no le compra esta mafia». Óscar Cereijo (PSOE) ha sostenido que «aquí no se despide a nadie porque sí» y ha advertido del peligro de lanzar el mensaje «de que cualquiera puede hacer lo que quiera si se va a hacer presión a un partido político para que lo readmitan». «Esto no va de rojos o azules», ha apostillado el socialista.