El pacto sellado el sábado entre PP y Vox y que se ha presentado este lunes establece la aprobación de medidas antiokupación como la imposibilidad de que los okupas accedan a ayudas de la administración. Se trata de una propuesta que llevaba el PP en su programa y que ahora se incorporará al decreto de vivienda por medio de enmiendas de Vox.
La intención es que las personas condenadas por un delito de allanamiento o de usurpación no puedan recibir ayudas en materia de vivienda. Vox pretendía que no pudieran acceder a ningún tipo de ayuda de la administración, pero el acuerdo final ciñe esa prohibición a subvenciones en materia de vivienda. Por ejemplo, no podrán recibir ayuda al alquiler, acogerse a las ventajas de la Hipoteca Jove o el acceso a las viviendas protegidas del Ibavi.
La propuesta pactada por los dos partidos también incluye la puesta en marcha de ayudas para los afectados por una okupación, como por ejemplo la compensación de los gastos legales que hayan tenido durante el proceso para recuperar sus viviendas. El conseller José Luis Mateo ha asegurado que, durante el proceso de redacción de las enmiendas, se verá el alcance temporal de estas limitaciones, que no podrán alargarse de manera indefinida. «Todos los delitos prescriben», ha precisado el conseller. Según los datos del Ministerio, el año pasado hubo unas 400 condenas por delitos de okupación. «No podemos normalizar la delincuencia», ha añadido la portavoz de Vox, Manuela Cañadas.
El acuerdo alcanzado para incorporar nuevas medidas durante la tramitación parlamentaria también prevé que, de los suelos que el promotor deberá ceder al ayuntamiento para la construcción de vivienda pública, se reservará un porcentaje para viviendas destinadas a funcionarios públicos desplazados, como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitarios, docentes o funcionarios de Justicia, entre otros. Los promotores tienen la obligación de ceder a los ayuntamientos el 15 % del suelo.
La norma que se aprobará este martes en el Parlament ya incluye medidas para dar prioridad a la compra de vivienda pública para los residentes en las Islas. Como norma general, se establece que solo podrán acceder a una vivienda públicas aquellos que lleven un mínimo de 5 años de residencia en Baleares.