El grupo ecologista GOB , Palma XXI y la Federació d'Associacions de Veins i Veïnes de Palma han convocado una protesta este martes a mediodía frente al Parlament, para exigir frenar el decreto para obtener suelo residencial pactado entre el PP y Vox, que tildan de «pelotazo», porque «supondrá viviendas aún más caras, menos zonas verdes y un gran beneficio para los promotores».
Las entidades han asegurado en un comunicado que el decreto que el Ayuntamiento de Palma y el Govern han presentado como una herramienta para conseguir suelo para hacer viviendas asequibles «es en realidad el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años». Entre otras medidas, modifica «radicalmente» el Plan General de Palma, aprobado hace dos años, para permitir a los promotores inmobiliarios construir un 45 % más de edificabilidad en suelos urbanizables y «abre la puerta a reducir radicalmente, en algunos casos hasta tan sólo una quinta parte de lo previsto en el Plan General, los espacios libres que debían conformar los jardines y parques de Palma en el futuro.
Según estas tres formaciones ciudadanas, la »excusa« es que las promociones deberán reservar un 50 % de lo construido para vivienda asequible, pero lo consideran »un gran engaño« porque el Plan General de 2023 ya obligaba a que el 50 % de las viviendas a construir en los urbanizables debían ser para Viviendas de Protección Pública (HPP) »con la diferencia de que hoara podrán ser un 30 % más caras«.
Tal y como señala el comunicado remitido por las entidades civiles, el resultado que dará el decreto es que «las viviendas serán menos accesibles aún para la gente, habrá muchísimas menos zonas verdes, y se generará un beneficio adicional a los promotores que puede estimarse en unos 500 millones de euros». Detallan que, sólo para los propietarios de uno de estos urbanizables, «este regalo que quieren hacerles PP y Vox, se ha estimado en más de 115 millones de euros«.
Por todo ello, el Gob, junto a Palma XXI y Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, ha convocado una protesta el martes contra el decreto que «atenta contra los derechos de la ciudadanía de Palma» y para exigir que se pare su ratificación en el Parlament.