PP y Vox sellan este lunes in extremis su acuerdo político para dar vía libre a la construcción de 20.000 viviendas en Palma, la mitad de ellas a precio limitado. Los diputados de Santiago Abascal permitirán este martes la convalidación de esta norma con la condición de que se tramite después como ley. De esta manera se incorporarán algunas modificaciones planteadas por Vox que, en esencia, extienden la liberalización del suelo a los grandes municipios de las Islas. No afectará a todos, sino a los de mayor tamaño, es decir, de forma principal a la corona de municipios que rodea Palma, según el pacto sellado este fin de semana.
Se espera que el acuerdo se anuncie este lunes en una comparecencia del conseller d’Habitatge, José Luis Mateo, con los representantes de Vox. Será una rueda de prensa conjunta, con la misma escenografía con la que se anunció el acuerdo turístico el pasado viernes. Vox había exigido la retirada de este decreto ley y amenazó con votar en contra si no se presentaba otro distinto que incorporara sus propuestas. Finalmente aquí se ha impuesto el criterio del Govern y el decreto se aprobará tal y como salió del Consell de Govern.
El rechazo de Vox a este decreto había causado enorme inquietud en sectores empresariales y llegó a provocar división interna en la formación, ya que Fulgencio Coll, portavoz de Vox en Palma, apoyaba la propuesta de Marga Prohens. Sectores afectados por el bloqueo de Vox llegaron a establecer contacto con el propio Santiago Abascal, que terminó enviado a Montserrat Lluís como emisaria para tratar de reconducir esa situación. El PP culpaba a Manuela Cañadas de la imposibilidad de llegar a acuerdos e incluso llegó a estar sobre la mesa una petición de relevo que no llegó a formalizarse en la reunión que mantuvieron la presidenta del Govern y Lluís.
El otro gran cambio que se incorporará es que este desbloqueo de suelo se pueda extender a las áreas de transición de los grandes municipios. Esa es uno de los cambios con respecto al texto original, que solo afectaba a suelo urbano y urbanizable. La incorporación de las Áreas de Transición cambia la norma ya que se trata de suelo rústico. El conseller d’Habitatge, José Luis Mateo, ya mencionó esta posibilidad en un reciente pleno, y precisó que la posibilidad de urbanizar las Áreas de Transición figura en la ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para viviendas de protección pública que aprobó Francesc Antich en 2008.
El Govern de Marga Prohens asegura que las modificaciones que se introducirán en el decreto durante la tramitación se inspiran en esta ley. Aquella norma tenía por objeto conseguir suelo para la construcción de vivienda, con prioridad para el suelo urbano o urbanizable, pero también suelo rústico de transición en Mallorca. «Los suelos de transición se aceptarán una vez agotadas las ofertas de los suelos clasificados como urbanos y urbanizables», decía aquella ley.
La mitad de las viviendas que se construyan deberán ser vivienda a precio limitado o VPO, un cambio que ha provocado el rechazo total de la izquierda. PSIB y Més aseguran que el Govern promueve ‘pelotazos’ para que los promotores ganen más dinero ya que las viviendas a precio limitado tienen el mismo coste que las VPO, pero se venden un 30 % más caras. Calculan que supone un beneficio añadido para los constructores de unos 600 millones.