El grupo municipal Vox Palma ha exigido este lunes en rueda de prensa que se readmitan los dos trabajadores de Emaya que pertenecen al sindicato independiente USTE, que fueron despedidos en la pasada legislatura. De hecho, han presentado una moción para el próximo pleno, que se celebrará el jueves 26 de septiembre. Esta moción ya se presentó en diciembre del año pasado pero fue rechazada por los grupos de izquierda y la abstención del PP.
En concreto el grupo municipal reclama la readmisión de portavoz del sindicato USTE, José Villanueva Vidal, y el vocal del grupo municipal de Vox en el consejo de administración de Emaya y también delegado del sindicato Francisco Sánchez Reolid, que fueron objeto de despido disciplinario. En agosto una sentencia declaró nulo estos despidos, según Vox.
El líder del grupo municipal en el Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, recordó que ya en el pleno de octubre de 2022 se pidió la comparecencia del entonces regidor de Medi Ambient, Ramón Perpinyà, y que «ante la falta de explicaciones convincentes y de diálogo se pidió en el pleno de noviembre del mismo año la reprobación del propio regidor y el cese del gerente de la empresa municipal».
Coll advirtió que «es difícil de entender las razones por las que no se han cumplido las sentencias y no se haya procedido a su readmisión inmediata. No solo no se ha respetado la presunción de inocencia, sino que no se han cumplido las sentencias buscando ardides para impedir su inmediata readmisión recurriendo la sentencia, algo que antes no hacía Emaya».
El líder del grupo municipal de ultraderecha señaló que «no hay nada que impida la inmediata readmisión, salvo que el actual regidor y la dirección de Emaya sigan el mal camino que hizo el anterior equipo de gobierno. No podemos tolerar el incumplimiento de dos sentencias, ni las repercusiones económicas que tendrán que afrontar tras las sentencias. Nuestros contribuyentes no deben pagar la mala gestión de una empresa municipal, y espero que el equipo de gobierno de Cort no siga la línea habitual del actual gobierno de España, de querer estar por encima de la ley».