Las organizaciones de consumidores OCU y CECU han aplaudido el anuncio del Gobierno de cambiar la ley para que sea la banca y no el cliente el que pague el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de una hipoteca, aunque creen que «arregla el futuro, pero no el pasado».
Así lo ha manifestado Enrique García, portavoz de OCU, después de que, tras el fallo del Tribunal Supremo de este martes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya anunciado este cambio, que se realizará a través de un real decreto ley, que aprobará el jueves el Consejo de Ministros.
«No se arreglan los abusos del pasado», ha dicho García, aunque ha calificado de adecuada la medida para poner fin al pago de un impuesto que beneficia exclusivamente a la banca, y que la Organización de Consumidores y Usuarios siempre ha considerado injusto.
Una opinión que comparte desde la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) Fernando Moner, que ha alabado la rápida reacción del Gobierno que, ha dicho, pone de manifiesto su preocupación por los derechos de los consumidores.
Pero Moner ha pedido que se extreme la vigilancia para que la eliminación del pago de este impuesto por parte de los consumidores no se compense con un aumento de las comisiones en contra del cliente porque «pagarían los del siempre y estaríamos pagando más por lo mismo».
También ha calificado de positivo el anuncio del presidente del Gobierno de crear una autoridad independiente que vele por los derechos de los clientes, ya que Moner cree que es un modelo que funciona en varios países de Europa, aunque ha advertido de que solo será efectivo si se cuenta con los consumidores en su puesta en marcha, su composición y estructura.
En este sentido, la OCU ha recordado que en 2012 ya pidió la creación de una agencia de protección del consumidor financiero para gestionar «la catarata de abusos que se ha producido por parte de las entidades financieras».
Además, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), que engloba a más de cien federaciones y más de dos mil asociaciones vecinales, ha llamado a la movilización en todas las ciudades de España para protestar por la «indignante e injusta» resolución del Tribunal Supremo.