Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que los baleares se ahorrarán 3.909 euros de media con el cambio legal anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que sean los bancos quienes se hagan cargo del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD).
Según los cálculos de Gestha, los hipotecados de Baleares son quienes mayor cuantía abonarían individualmente por este impuesto, por delante de los de Cataluña (3.684 euros de media) y los de Aragón (2.985).
La entidad estima que, en el conjunto de Baleares, unos 14.600 hipotecados se ahorrarán 57,39 millones de euros.
Los técnicos señalan que el Pleno del Supremo «salva a la banca» del pago del impuesto en los últimos cuatro años porque cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva dentro de unos años habrá prescrito la posibilidad de obtener la devolución, salvo para las personas que hayan recurrido. Gestha calcula un impacto del AJD de los últimos cuatro años de 178 millones de euros en Baleares, con un total de 52.736 deudores.
En el conjunto de España, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que 458.000 nuevos hipotecados se ahorrarán cada año más de 1.100 millones de euros, a una media de 2.500 euros de AJD por hipoteca, después de que Pedro Sánchez haya anunciado que el Gobierno aprobará este jueves un decreto ley para que sean los bancos los que asuman el impuesto.
De esta manera, los técnicos ven «positivo» que el Gobierno haya aclarado la norma, en el sentido apuntado por las sentencias cuestionadas por el Supremo.
Gestha ha lamentado que el Supremo haya «frustrado» las expectativas de 1,5 millones de contribuyentes. Tras el pronunciamiento del Pleno del Supremo, las comunidades autónomas no podrán atender las solicitudes de rectificación de la autoliquidación del AJD y devolución del ingreso indebido.
En detalle, Gestha calcula un impacto del AJD de los últimos cuatro años de 3.630 millones de euros en toda España, con un total de 1,45 millones de deudores.
Los técnicos de Gestha consideran que desde el punto de vista técnico-tributario las sentencias del Tribunal Supremo estaban «muy fundamentadas» cuando señalaban a las entidades financieras como obligadas al pago de este tributo, y destacan lo «inédito» que resulta una jurisprudencia que ha durado poco más de dos semanas, lo que genera «una crisis de credibilidad en la Justicia española sin precedentes».
Asimismo, Gestha ha recordado que «nunca se ha discutido» que el hecho imponible del AJD en los préstamos hipotecarios es la constitución de la garantía hipotecaria, cuya escritura insta la entidad en su interés, y la ley estatal vigente establece que el obligado al pago es el interesado en la expedición de la escritura y, «por tanto, debe ser el banco quien pague».
De forma paralela, los técnicos opinan que el fallo del Alto Tribunal, después del cambio de criterio y la división de opiniones de los magistrados, «genera inseguridad jurídica y agrava el descrédito de algunas instituciones públicas, lo que en última instancia podría traducirse en una desconfianza de los ciudadanos en torno a la independencia del poder judicial».
Los técnicos han defendido que la banca tiene «músculo suficiente» para asumir el pago anual del impuesto de las hipotecas, cuyo importe estimado apenas representa el 8,7 por ciento de los beneficios del sector en solo los primeros nueve meses del año, donde lograron un beneficio neto de 13.229 millones, un 13 por ciento más que en el mismo período de 2017.
Finalmente, Gestha ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que vigile a la banca para que las entidades no acuerden repercutir a los clientes el pago del AJD, después de que el presidente del Gobierno haya apelado a la responsabilidad del sector para que no encarezcan las hipotecas.