El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que cambiará la ley para que sea la banca y no el cliente el que deba pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de una hipoteca, tras la polémica decisión adoptada en la víspera por el Tribunal Supremo.
En rueda de prensa, Sánchez ha explicado que esta modificación, motivada para «que nunca más los españoles paguen este impuesto», se realizará a través de un real decreto ley, que aprobará este jueves el Consejo de Ministros y que deberá contar posteriormente con el visto bueno de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Respecto a una posible supresión de esta tasa, ha reiterado que la voluntad del Gobierno es la de atribuir los actos jurídicos documentados al sector bancario, no su eliminación, por lo que, ha dicho, quien quiera hacerlo deberá primero hablarlo con los presidentes autonómicos, al tratarse de una competencia trasferida.
En palabras de Sánchez, «la voluntad del Gobierno es garantizar la seguridad jurídica» en pos de la ciudadanía, motivo por el cual ha destacado su compromiso por «garantizar un escenario previsible y estable del interés de todos los operadores implicados», y ha anticipado la creación de una autoridad independiente que vele por los derechos de los clientes.
Este miércoles por la mañana el presidente del Ejecutivo se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con su vicepresidenta, Carmen Calvo, y los ministros Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Ábalos para analizar el criterio del alto tribunal, que ayer dio marcha atrás y ratificó la doctrina vigente hasta el pasado 16 de octubre que carga al cliente con un impuesto que, para una hipoteca media, supone un coste de alrededor de 1.500 de euros.
«Ayer habló el poder judicial y hoy y mañana el poder ejecutivo», ha aseverado con rotundidad, antes de señalar que si bien Moncloa «respeta la labor y la independencia» de la magistratura, lamenta la situación generada por la rectificación del Supremo al no ser positiva ni para la banca, ni para los jueces ni para los ciudadanos.
No obstante, se ha dirigido a Unidos Podemos, que ha convocado una manifestación ante el alto tribunal el próximo sábado, y ha recordado que aunque cada partido es libre de hacer su oposición como considere, debe hacerse en las instituciones.
Tras casi 16 horas de deliberaciones y un agrio debate, por 15 votos contra 13, el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo acordó desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario.
Los detalles del fallo se conocerán en los próximos días.
Las asociaciones de consumidores y abogados se apresuraron a criticar con dureza el fallo, y mientras Facua acusaba al sector financiero de difundir mensajes «engañosos y alarmistas» para no tener que asumir el impuesto, Adicae calificaba la decisión de «anómala y extraña», y avanzaba su intención de impugnarla «en España y en Europa».
Sobre la posibilidad de los hipotecados de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado como fórmula para intentar recuperar el dinero pagado en el pasado por este gravamen, Sánchez ha concluido que desconoce «si tienen capacidad o no» al tratarse de un tema fuera de su competencia.