El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un delito de odio. La Audiencia Provincial ha desestimado su recurso y el de la Fiscalía contra la decisión del juzgado de Instrucción que apreció indicios suficientes para que fuera enjuiciado por los sucesos del Pleno de la cámara de junio del año pasado cuando, en pleno debate sobre la Ley de Memòria expulsó a dos diputadas socialistas y rompió las imágenes de Aurora Picornell y de las Roges del Molinar que una de ellas, Mercedes Garrido, tenía en su ordenador.
La Audiencia, básicamente señala que todas las alegaciones de Le Senne se basan en cuestiones controvertidas en el procedimiento penal y que, deben ser debatidas en un juicio. Ocurre así en torno a la alegación de que estaba protegido por la inviolabilidad parlamentaria en el ejercicio de sus funciones como presidente. La Sala recuerda: «La inviolabilidad parlamentaria no le protege de cualquier acto. No ampara cometer actos que supongan una extralimitación de sus funciones». Y añade que eso es precisamente lo que se debe decidir: «Hay que analizar si la conducta fue un acto en el ejercicio de sus funciones o un acto doloso de humillación a las Roges del Molinar, las víctimas del franquismo y los ideales que estas personas representan».
Ocurre algo similar con el argumento de Le Senne en torno a que su intención no era atacar a las víctimas sino llamar al orden a las diputadas. «No corresponde a este tribunal, en esta fase procesal hacer valoraciones de pruebas sino analizar la suficiencia de los indicios recogidos» señala sobre el debate de si rompió en trozos o no la imagen que había en el ordenador o si el folio se rasgó de forma accidental. «Las imágenes aportan un contexto indiciariamente compatible» con una intención delictiva: «La forma contundente y enfadada con la que el señor Le Senne arrancó la fotografía del ordenador de la señora Garrido podría resultar objetivamente compatible con una conducta intencionada».
La causa contra Le Senne parte de una querella formulada por Memòria de Mallorca y las familias de las víctimas franquistas cuyas fotografías fueron rotas, a la que se sumó la asociación Estimada Aurora consideran que lo ocurrido supuso una humillación de las víctimas por un móvil ideológico. Los primeros plantean una condena de dos años de cárcel y la segunda organización de un año y medio de prisión. También se ha personado el Partido Comunistas de los Pueblos de España, que eleva la petición a cuatro años. Una vez abierto juicio oral contra el presidente del Parlament, la única vía que tenía para evitar el banquillo era este recurso. Con su desestimación será juzgado. De hecho, la Audiencia ya ha designado ponente para esta vista que aún no tiene fecha. Si permanece en el cargo sería el primer presidente en ejercicio en ser juzgado.
D'això s'en diu poques feines. Si els Polítics que tenim i que cobren molt més que els altres, han de perdre el temps d'aquesta manera estam ben arreglats. Això ja fa riure.