El Decreto Ley 666 que restringe la administración de antibióticos en el tratamiento de infecciones de animales de compañía en España parece haberse cobrado las primeras muertes de mascotas en Baleares. Así lo afirma el presidente de la patronal de clínicas veterinarias de las Islas, Andreu Oliver. «Ha habido muchas complicaciones y también alguna muerte, pero los fallecimientos son una cuestión muy sensible para los propietarios y hay que respetarlos, por eso no podemos dar detalles de esos casos concretos», dice.
Desde principios de año los facultativos están obligados a comunicar al Ministerio de Agricultura la prescripción y el uso de antimicrobianos en las consultas veterinarias a través del sistema PRESVET. El veterinario además no puede elegir libremente bajo su criterio qué medicamento administrarselos al paciente. Los antibióticos han sido clasificados en diferentes grupos y no se pueden pasar de un grupo a otro sin disponer antes de un cultivo microbiano. Si optan por administrar un antibiótico de amplio espectro sin cultivo previo se exponen a multas millonarias.
«Estamos obligados a usar solo los antibióticos de la categoría más simple y solo cuando fracasa el primer antibiótico o cuando llega el cultivo, podemos ir subiendo. Esto implica que a veces nos vemos obligados a usar antibióticos que no son óptimos, sabiendo que fallarán, pero si no lo hacemos así ni tan siquiera sabemos con seguridad a qué tipo de sanciones podemos enfrentarnos», explica Andreu Oliver.
Selva, una perra de 9 años fallecida e 13 de febrero en un hospital veterinario de Galicia tras ser mordida por un perro de raza potencialmente peligrosa, está considerada la primera «víctima mortal documentada» del Real Decreto que restringe el uso veterinario de antibióticos. El cultivo necesario para administrarle un medicamento más potente llegó cuatro días después de su fallecimiento.
Facultativos de todo el país, también de Baleares, han realizado paros simbólicos en protesta por la nueva normativa y protagonizaron una manifestación masiva el pasado mes de marzo a las puertas del Ministerio de Agricultura con el lema «Esta pastilla no nos la tragamos».
La presión del sector, arropado por los colegios y la sociedad civil, ha dado algunos frutos. El Congresoha introducido una modificación en el texto original del real decreto con la que las infracciones por no comunicar la administración o dispensación de medicamentos al sistema PRESVET pasan de tener la consideración de «muy graves» a «leves». Las sanciones son ahora de entre 300 y 600 euros, antes podían costar ser de hasta 1,2 millones de euros. Esta «solución» no satisface al colectivo.
«Si en un periodo de tres años tienes dos fallos de notificación pasa a ser infracción grave y dos infracciones graves pasan a ser muy graves, así que puedes volver a lo mismo. Y es muy fácil que hagas cuatro errores en 3 años. Así que prácticamente no ha cambiado nada», explica Delia Saleno de la clínica veterinaria Son Dureta, una de las que participaron en los paros simbólicos.
Sobre la muerte de mascotas en Baleares como consecuencia del decreto ley 666, Saleno muestra cautela:«Es muy difícil demostrar que un caso que ha acabado en un fallecimiento no hubiera empeorado de todos modos con otro tratamiento. ¿Tenemos sospechas? Sí. Pero poder demostrarlo fehacientemente es otra cosa».
Nuevas movilizaciones
Ante esta situación los veterinarios preparan una nueva movilización que se celebrará el 7 de mayo ante el Congreso de los diputados. Si en un principio las clínicas y el Colegio de Veterinarios de Baleares mantuvieron posturas contrapuestas en las Islas, ahora hay un frente común en toda España. «Cambió el escenario. Se creó una comisión de crisis nacional en la que están las patronales, sindicatos, colegios, agentes sociales y asociaciones científicas y el rumbo de las movilizaciones lo marca este comité. Los veterinarios de Baleares participaremos en la concentración del 7 de mayo», explica el presidente de la patronal balear.
«El objetivo es hablar con el ministro y volver a poner el tema sobre la mesa porque las declaraciones públicas que ha hecho hasta ahora no coinciden con la realidad, seguimos con la idea de que hay que derogar el decreto ley», añade Andreu Oliver.
Desde enero hasta ahora, además de la tipificación de las multas hay una segunda novedad. La Dirección general de Derecho Animal ha hecho una interpretación de la norma que permite que en caso de urgencia médica, ante la imposibilidad de conocer o contactar con el propietario, el animal se puede tratar aunque no esté identificado con el chip obligatorio.
Los clínicos de Baleares consideran esta aclaración «un parche y no una solución». Con ella la dirección general ha querido facilitar el tratamiento de los gatos callejeros que desde la aprobación de la Ley de Bienestar Animal han pasado a tener la consideración de gatos comunitarios.
Hay propietarios de gatos que reportan que hospitales veterinarios de Baleares se niegan a atender a los animales sin el chip identificativo obligatorio. Aunque la nueva ley obliga a castrar e identificar todos los gatos con independencia de su edad, en la práctica buena parte de los propietarios de gatos y hurones adultos que no tenían chip en el momento de su entrada en vigor, han optado por no ponerlo. No es solo una cuestión económica, no quieren someter a sus mascotas a un estrés que consideran «innecesario». Algunos facultativos no quieren arriesgarse a recibir multas millonarias si los tratan.
«Se han hecho ciertos apaños pero la realidad es que falta seguridad jurídica. Seguimos en manos del criterio de quien realiza las inspecciones que varía dependiendo del territorio de España en el que te encuentres», lamenta Andreu Oliver.
Desabastecimiento en farmacias
Hay otro problema grave que está pasando factura a los veterinarios y a los propietarios de mascotas. Con la nueva normativa los veterinarios tienen prohibido vender medicamentos en sus clínicas solo pueden administrarlos. Las farmacias son las únicas que tienen autorizada la venta. El problema es que nadie les obliga a tener en stock los medicamentos de uso animal por lo que hay serias dificultades de suministro.
«Muchas farmacias no tienen los medicamentos que recetas y los propietarios se ven obligados a ir de una farmacia a otra para encontrarlos. A veces no hay manera y vuelven a la clínica para que les hagas otra receta. Algunos facultativos acaban administrando los medicamentos de su botiquín porque no queda otra y lo hacen sin saber si serán o no multados», lamenta el presidente de la patronal de clínicas veterinarias.
Para tratar de paliar esta problemática el Colegio de Veterinarios acordó con el Colegio de Farmacéuticos de Baleares una lista de los diez medicamentos de uso animal imprescindibles que toda farmacia debería tener pero los clínicos opinan que «diez medicamentos no son suficientes». «Si se nos prohíbe vender en las clínicas lo correcto sería garantizar que se puedan comprar en las farmacias».
La opinión científica
¿Qué dicen los científicos sobre la normativa que restringe el uso de antibióticos en las clínicas veterinarias? Tomeu Moyà trabaja en una investigación en Baleares que lucha contra las superbacterias desarrollando nuevos antibióticos que no sean resistentes.
«Aunque es una afirmación que se puede puntualizar a muchos niveles, con el panorama que tenemos en estos momentos se tiene que regular el uso de antibióticos en animales y la categorización que se ha hecho me parece bien. Igual que pasaba con los humanos, cuando íbamos al médico y nos recetaban antibióticos que debían estar guardados para casos graves, administrar antibióticos de amplio espectro a los animales empeora el panorama de resistencia a los antimicrobianos con el que nos encontramos », dice Moyà.
No obstante, el microbiólogo considera «desproporcionada» la restricción de uso en animales de compañía. «Si hablamos de números, en España estas prescripciones suponen el 1 % de todas las prescripciones de antibióticos a animales. España es el país europeo que más antibióticos administra a los animales de producción destinados al consumo humano y eso es algo que sí hay que regular y atar bien corto, porque de ahí viene el problema de la resistencia a los antibióticos. Está comprobadísimo que consumiendo productos cárnicos que han tomado antibióticos acabamos comiendo concentraciones bajas de antimicrobianos que favorecen las resistencias. En España se administra antibióticos al ganado con un doble propósito, el engorde y la protección y ese es uno de los grandes problemas de la resistencia antibiótica que tenemos hoy en día», reflexiona.
«Como amante de los animales entiendo que la regulación que afecta a los animales de compañía no ha sido la mejor ni ha tenido en cuenta la carga burocrática que supone para los veterinarios y los inconvenientes que conlleva encontrar la medicación en la farmacia, por no hablar de la carga económica. Seguimos en el 21 % de IVA en gastos veterinarios. Bajo mi punto de vista eso provocará que la gente, ya sea por falta económica o por las dificultades, descuidará un poco la atención de sus mascotas», concluye.
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