Un centenar de personas se ha concentrado a las puertas del Parlament este martes para protestar en contra de la validación del decreto de vivienda que desbloquea suelo en Palma con previsión para unas 20.000 viviendas y que en esos momentos se estaba debatiendo en la Cámara. Los manifestantes se ha visto ampliamente superados por el incesante paso de turistas que estos días abarrotan el centro de Palma y que en algunos momentos han creado pequeños tumultos. Algunos turistas que paseaban en calesas han aplaudido a los manifestantes mientras estos coreaban «Mallorca para los residentes». Los concentrados denuncian el «pelotazo» del decreto, que supondrá unos beneficios de más de 600 millones de euros, según estimaciones del PSIB y Més.
La protesta había sido convocada por la plataforma Palma XXI, la Federació d'Associació de Veïns y el GOB. A ella se han sumado cargos del PSIB, como el portavoz en Palma, Francisco Ducrós, o de Més, como la portavoz Neus Truyol o el senador Vicenç Vidal. También había miembros de Podemos, como Jesús Jurado. Los concentrados han portado pancartas en las que se leía «La vivienda es un derecho, no un negocio», o «Salvem es Barranc», Los asistentes a la protesta han coreado consignas como «Qui estima Mallorca no la destrueix».
Maribel Alcázar, en representación de los vecinos, ha lamentado que este decreto no supondrá una mejora para la vivienda social porque la mayoría de las viviendas irá a un público extranjero «que supondrán movimiento de capitales y hasta blanqueo». Ha denunciado que subirán los precios de la vivienda de protección oficial al cambiarlas por las viviendas a precio limitado, que son un 30 % más caras. «Supondrá pagar unos 300.000 euros por vivienda y con sueldos de 1.500 euros al mes eso es inaccesible». «No va destinado a los más vulnerables y no resuelve el problema», ha dicho.
Cristina Llorente, presidenta de Palma XXI, ha asegurado que detrás de un título atractivo, el decreto que este martes validará el Parlament esconde «el mayor pelotazo de la historia de Baleares» en estos 50 años con esos 600 millones de euros de beneficio para los promotores. Ha explicado que esperan poder seguir movilizando a la ciudadanía porque esta paso es «lo suficientemente grave». Ha detallado que el decreto afecta ahora a Palma, pero como la condición que ha puesto Vox es poder extenderlo al resto de municipios de la Isla, esperan que más gente se sume.