«La telaraña normativa y el retraso en la concesión de licencias lastran la construcción de viviendas en Baleares», denuncia el presidente en funciones de la asociación de promotorores inmobiliarios Proimba, Óscar Carreras. En este sentido, recuerda que el acceso a un hogar es uno de los principales problemas al que se enfrentan los baleares. Por ello, insisten en la necesidad de aglizar los trámites burocráticos. Carreras explica que en los últimos doce años han tenido que hacer frente a «una cascada intermitente de nueva normativa, que muchas veces resulta imposible cumplir». A esto hay que añadir el retraso en la concesión de licencias, aunque resalta que hay ayuntamientos como el de Palma que están agilizando estos trámites.
El representante de los promotores inmobiliarios en las Islas expone que desde que se compra un suelo urbano hasta que se finaliza la construcción de una vivienda se tardan una media de cuatro años. En el caso de los suelos urbanizables, el tiempo preciso es mucho más elevado y la media oscila entre los ocho y los quince años.
Carreras considera que «estos plazos tan largos son inasumibles», especialmente en una comunidad autonóma con una demanda de vivienda tan elevada como Baleares. «La lentitud burocrática se soluciona con voluntad política», asevera. Aunque admite que en los dos últimos años se han dado pasos positivos, señala que aún queda bastante camino por recorrer en este sentido.
A su modo de ver, se debe repensar el tipo de viviendas que se construyen en Baleares. Por ejemplo, propone que sean más pequeñas y que en lugar de 90 metros cuadrados, tengan 60-70 metros cuadrados. «El modelo de familia ha cambiado; ahora son más pequeñas, e incluso, hay personas que quieren vivir solas». También apunta a la necesidad de crecer en altura, «homogeneizando el skyline de los municipios para que no haya dientes de sierra». Además, reitera la urgencia de desarrollar los urbanizables y recuerda que los promotores no son partidarios de consumir suelo rústico para la edificación de viviendas.
Carreras considera que con la implantación de estas medidas sería posible construir viviendas a un coste asequible, es decir, con un precio de venta inferior a los 300.000 euros. No obstante, reconoce que es complejo debido a factores como la escasez de suelo, la elevada demanda o las dificultades del sector de la construcción para conseguir trabajadores.