El Gobierno de Pedro Sánchez da vía libre a la supresión de la Oficina Anticorrupción después de que el Govern se ha comprometido a crear un canal externo de denuncias ciudadanos sobre posibles ilegalidades. Este canal, exigido por el Gobierno, se formalizará a través de un convenio con el Estado, una vez que Madrid cree el suyo propio. El Ejecutivo central da, además, el visto bueno a la legalización de viviendas y otras construcciones en suelo rústico que puso en marcha Baleares con el decreto de simplificación administrativa. El Govern se compromete a no extender esta medida en suelo urbano o urbanizable, algo que, en cualquier caso, tampoco se había planteado.
El Gobierno renuncia a bloquear estas dos medidas legislativas de Marga Prohens después de haber amenazado al gobierno autonómico con la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad. El Boletín Oficial del Estado (BOE) da cuenta de los acuerdos alcanzado por ambos gobiernos en la Comisión Mixta Bilateral tras las discrepancias iniciales, que permiten salvar dos de las medidas clave del Govern de Prohens, amenazadas por distintos departamentos del Gobierno de Sánchez. En cualquier caso, hay exigencias a cambio, como la creación de este nuevo canal de denuncias.
También se ha alcanzado un acuerdo que salva el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que posibilita la creación de unas 4.000 nuevas viviendas. Se trata de las medidas para crear viviendas a precio limitado, favorecer la división de las viviendas de mayor tamaño, el cambio de uso de terrenos destinados inicialmente a equipamientos para que se destinen a vivienda, el aumento de alturas de los edificios o la reconversión de locales en viviendas.
El último acuerdo alcanzado entre los dos gobierno evita otro de recurso de inconstitucionalidad contra un decreto de prestaciones sanitarias que permitía la derivación de pacientes extranjeros a la sanidad privada. El Gobierno renuncia a llevar el texto al Constitucional, lo que permitirá, sin ningún efecto discriminatorio, esta derivación de pacientes a los centros habilitados que formen parte de la red, manteniendo su derecho a ser atendido en un centro del Servei de Salut.
El Gobierno había amenazado con llevar todas estas medidas al Tribunal Constitucional al entender que no se ajustaban a la ley. La ofensiva llevó al Govern de Marga Prohens a denunciar un intento de obstrucción legislativa por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los dos gobiernos abrieron un proceso de negociación en la Comisión Mixta Bilateral que se ha saldado con un acuerdo favorable al Govern de Prohens.
AngelcaídoCulpando a Sánchez de una ley del PP balear??? De verdad se cree que somos tan ingenuos como usted?? Creo que todavía puede usted rizar más el rizo 😂😂😂😂