Los 'hortals' ilegales de Menorca tendrán ocho meses más para acogerse a su regularización

Los infractores urbanísticos dispondrán de más tiempo para poder legalizar las viviendas, piscinas ilegales o ampliaciones de casas realizadas en suelo rústico. El plazo, en el caso de Menorca, acababa en julio de 2027, pero finalmente se extenderá al menos hasta febrero de 2028, si no hay nuevos cambios, lo que supone una ampliación de plazos de al menos otros ocho meses.

La razón para esta extensión de los permisos está en que hay nuevas dudas jurídicas sobre las consecuencias del texto legal que aprobó definitivamente el Parlament y no está claro si los consells deben autorizar o no de nuevo este plan. Para sortear estas dudas, los consells han decidido volver a sumarse al proceso de legalización con una nueva ratificación por parte del pleno.

La cuestión es que al elevar en diciembre al Parlament para su aprobación definitiva, tras tramitarlo como ley, este sufrió cambios y por tanto quedó derogado. Y ante las dudas sobre si lo aprobado en su día por los consells (en base a ese primer decreto ley) tiene validez, se ha decidido que lo vuelvan a ratificar por pleno. En cualquier caso, desde la Vicepresidència del Govern, que dirige Antoni Costa, aseguran que todos los expedientes ya iniciados hasta la aprobación de la ley siguen en vigor y no decaerán. Es decir, los propietarios que lo pidieron entre junio y diciembre no tendrán que solicitar de nuevo toda la legalización y seguirán con el expediente en marcha.

Esta ratificación que deben hacer los consells –el de Eivissa ya la ha hecho– vuelve a dar tres años de plazo para realizar el proceso de legalización. Es decir, todo el proceso vuelve a iniciarse de cero, por lo que no se tendrá en cuenta el plazo transcurrido desde que se activó el proceso de forma inicial.

En el caso del Consell de Menorca, este proceso se activó en un pleno en julio de 2024, por lo que ya han pasado casi siete meses desde que se abrió el proceso para que los propietarios de estos hortals irregulares pidan la legalización. Para evitar esas dudas, el Consell tiene que volver a ratificar este proceso.

Según expone la consellera de Ordenación Territorial y Turística del Consell de Menorca, Núria Torrent primero tiene que pasar por la Comisión Técnica y Asesora de Urbanismo, antes de elevarse a la Comisión Informativa, previa al pleno. Una vez se tenga el aval de ambas comisiones se remitirá a pleno. Torrent espera que pueda aprobarse en la sesión plenaria del mes de marzo, lo que supone que el plazo para pedir la regularización de las viviendas volverá a ser de tres años. Así, el plan de legalizaciones acabará en marzo de 2028 y no en julio de 2027, como era hasta ahora.

Otras ventajas

Quienes en su día construyeron piscinas, viviendas o ampliaron sus casas en suelo rústico sin tener los permisos para hacerlo tendrán además otra ventaja añadida: ganarán también tiempo para que la legalización les salga más barata. La norma aprobada por el Parlament establece que quien solicite esta legalización en el primer año de plazo abonará una multa del 10 % del valor de las obras que deben legalizarse.

Si esta petición se hace el segundo año, la penalización es del 12,5 % y sube hasta el 15 % para el tercer año desde que se abrió el proceso administrativo. Como todo el procedimiento comenzará de nuevo en cuanto el Consell dé el visto bueno en marzo, quienes se acojan a la norma a partir de ahora y hasta marzo del año que viene pagarán menos penalización. Además, la propia ley establece rebajas de un 50 % del valor de estas multas en función de los niveles de renta de quienes pretenden regularizar las obras hechas sin permiso.

Silencio positivo

Uno de los cambios, introducidos en la tramitación parlamentaria y que beneficia a los infractores fue la modificiación del silencio administrativo, para decretar que la legalización de viviendas en suelo rústico seá automática si el ayuntamiento no responde a la petición en el plazo de seis meses.

Pese a todo ello, y siempre según la Associació d’Hortals de Menorca, el proceso para la legalización de viviendas en suelo rústico de momento no ha tenido mucha demanda en la Isla, debido a las dudas sobre la aplicación de la nueva normativa que están impidiendo que los propietarios se animen a realizar los trámites.