La actividad de la Agència de Defensa del Territori (ADT), dependiente del Consell de Mallorca, ha provocado 68 demoliciones o restablecimientos de obras ilegales construidas en suelo rústico de la Isla en 2024, según los datos disponibles hasta noviembre.
Si bien la cifra es inferior a los 95 derribos del año completo anterior, en 2024 ha habido varias "demoliciones y restablecimientos importantes que se han hecho en rústico protegido y en la Serra de Tramuntana", ha explicado a una entrevista a Efe la directora insular d'Urbanisme, María José Frau, que recalca que la sanción que se impone "va en función de lo que se haya construido y hay chalets impresionantes".
En noviembre se paralizó la construcción de una plaza de toros en una finca rústica en Esporles y hace pocas semanas la ADT inició expediente de infracción urbanística y ha propuesto una multa de 553.000 euros por un chalet de 100 metros cuadrados con piscina construidos sin licencia en suelo rústico protegido como Área Rural d'Interès Paisatgístic (ARIP) en Tramuntana, en una finca de unos 8.600 m² cuando el terreno mínimo para construir en ARIP son 50.000 m².
Con los derribos hasta noviembre de 2024, las demoliciones o restablecimientos ejecutados por orden de la ADT ascienden a 861 desde 2011.
A lo largo de su trayectoria, que comenzó en 2009, la ADT ha demolido excesos como un helipuerto y un taller de camiones, ambos ilegales en rústico, o dos viviendas construidas en una finca del Parc Natural de Mondragó con las figuras de protección de Àrea Natural d'Especiail Interès, Lloc d'Interès Comunitari y Zona d'Especial Protecció per a les Aus en 2022.
Frau destaca que en 2024 ha aumentado el número de multas coercitivas, que se imponen cuando los responsables no ejecutan la orden de demolición y restablecimento de la ADT y hasta que cumplen la resolución, que han pasado de 47 a 65. Supone un aumento del 38,3 %.
La directora insular d'Urbanisme explica que, además de que el proceso de estabilización de interinos ha trastocado temporalmente la plantilla de la ADT, el descenso en las órdenes de demolición y en las ejecutadas se puede deber a que, antes de ordenar el derribo, el propietario procede a realizarlo, algo que "implica un beneficio en la sanción, razón por la que muchos no llegan a la resolución de demolición".
"Otra opción es que hayan podido legalizar, pues, cuando se instruyen expedientes por construir sin licencia, pueden ser ilegalizables y por tanto hay demoler y restablecer el estado anterior, o bien legalizar aunque lo hayan ejecutado sin título habilitante", añade Frau.
La ADT cuenta en la actualidad con 42 trabajadores, pero la responsable insular de Urbanisme explica que la cifra aumentará este año porque pasará de 5 a 13 inspectores, y de 7 a 17 instructores, así como de 3 aparejadores a 8, que se sumarán a los 2 arquitectos que trabajan para la agencia.
El incremento de plantilla aumentará la efectividad de la ADT, asegura Frau, porque "ahora mismo hay un orden de prioridad y los que antes prescriben son los expedientes que van primero para que no queden sin efecto". Así habrá más agilidad, será más eficiente y habrá un mejor cumplimiento de los objetivos de la ADT", afirma.
Frau recuerda que el proceso de regularización de construcciones ilegales en rústico abierto por el Govern por medio del decreto de simplificación no guarda relación con el trabajo que desempeña la agencia mallorquina: "Las edificaciones que puedan legalizarse por la ley de simplificación no afectan en nada porque la ADT ya no podía actuar en esas construcciones porque estaban prescritas".