Los desahucios en caso de okupación pasarán de años a un par de semanas. Este es el resultado de la enmienda del PNV a la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que permitirá agilizar los lanzamientos. En concreto, lo que se hace es añadir los delitos de usurpación, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, y de allanamiento de morada, en el artículo 202 del Código Penal, para que estos pasen a tramitarse en los juicios de procedimiento abreviado, es decir, en un plazo máximo de 7-8 días; a lo que hay que añadir el tiempo del desalojo, que también será rápido.
Además, los afectados por la okupación podrán solicitar la ejecución de medidas cautelares, por lo que si el juez lo considera pertinente, se podría dictar el lanzamiento en plazos más breves aún. Cabe precisar que esta medida no afecta a las personas vulnerables, puesto que éstas no pueden ser desahuciadas por una normativa aprobada por el Gobierno central. La intención es que esta medida esté en vigor a principios de 2025, ¿realmente será efectiva?
Ferrán Font, director de Estudios de Pisos.com, tiene «dudas sobre el impacto real de esta medida, ya que hay situaciones complicadas, como la intervención de los servicios sociales, por ejemplo, en casos de vulnerabilidad». Otro aspecto que le preocupa es el posible colapso de los juzgados, ya que podría haber muchos afectados por la okupación que recurran a esta medida.
Además, lamenta que «la ley no aborda caso de okupación de los que más preocupan hoy en día a los propietarios: los de inquiokupación». Se trata de personas que pagan el alquiler durante los primeros meses, pero luego dejan de hacerlo y se acogen a la declaración de vulnerabilidad prevista en la Ley de Vivienda. Ultima Hora también ha consultado la opinión de otros portales inmobiliarios, como Idealista o Fotocasa, pero no han querido pronunciarse sobre esta medida.
La expresidenta de la Asociación y el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, Natalia Bueno, considera que «tener que solicitar al juzgado recobrar la posesión de tu propiedad y que tenga que ser un juez quien decida si la casa es tuya o n , si están dentro con o sin el consentimiento del propietario no es un avance. Es fácil de demostrar a un policía quien es el legitimo propietario y en 24 horas como máximo se tendría que hacer efectivo el desalojo sin necesidad de abogado, procurador e iniciar un procedimiento judicial». A su modo de ver, «lo demás son apaños que mejoran algo la situación pero no lo solucionan. La propiedad privada hay que defenderla, como dice la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
Las okupaciones se duplican en Baleares en una década
Las okupaciones de viviendas se han duplicado en Baleares durante la última década. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, en el ejercicio 2023 se contabilizaron un total de 407 hechos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles, mientras que en el año 2013 fueron 193.
Es importante tener en cuenta que el pico se registró en 2021 y desde entonces se está experimentando un ligero descenso. En concreto, en dicho año se contabilizaron 509 casos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles; mientras que en 2022 bajó a 417 y en 2023 disminuyó a 207. Sin embargo, aún es pronto para poder hablar de un cambio de tendencia.