La denuncia del Gobierno ante la Fiscalía contra el president del Parlament, Gabriel Le Senne, para que determine si cometió un delito de odio al romper la imagen de Aurora Picornell del ordenador de la diputada socialista Mercedes Garrido en el pleno del pasado martes puede comportar una inhablitación del president para ocupar cargo público, como último extremo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que llevarán el caso a la Fiscalía General del Estado por si esta actuación pudiera ser constitutiva de un delito penal de odio «o de cualquier otra tipificación del orden penal».
Los delitos de odio están penado con penas de hasta cuatro años de cárcel en función de la gravedad de los hechos y la pena de cárcel en una causa penal lleva acarreada a su vez la posible inhabilitación para ocupar un cargo público e incluso para poder ejercer el derecho al voto, en función de la gravedad de la pena, según las fuentes consultadas. Por lo tanto, si finalmente hay juicio, el presidente del Parlament balear se expone a quedar inhabilitado si es condenado a una pena de cárcel, además de a una posible sanción económica.
El Estatut d'Autonomia establece que los diputados gozan de inmunidad parlamentaria, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad pero solo por las opiniones manifestadas y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo, no por las actuaciones que desarrollen durante su mandato, que es el caso que se aplicaría a Le Senne.
En la anterior legislatura se aprobó una reforma del Estatut por la que dejan de esta aforados, por lo que, si se abre juicio no sería en el Tribunal Superior de Justicia de Balears. En cualquier caso, la resolución judicial de esta polémica puede tardar años e incluso llegar cuando Le Senne ya no sea presidente.
Gabriel Le Senne respondió de inmediato a este anuncio del Gobierno con un comunicado en el que denuncia que no es más que una amenaza y un intento de chantaje. «Ninguna amenaza ni chantaje del Gobierno de España va a conseguir tapar sus escándalos ni los de su presidente, Pedro Sánchez», afirma Le Senne en el comunicado. Añade que la presentación de esta denuncia a la Fiscalía se enmarca «en un contexto de ofensiva contra las instituciones que funcionan con rigor e independencia de los intereses partidistas».
«Las exageraciones y relatos incompletos, unidos a la campaña de acoso, insultos y amenazas al presidente del Parlament, que ha contado con la participación de diputados de esta Cámara, suponen un atentado contra la democracia, la neutralidad e imparcialidad institucional y contra el Estado de Derecho», añade el texto.
El presidente había vuelto a pedir perdón por la mañana en una intervención mucho menos contundente que la expresada con posterioridad en el comunicado. «Me enfadé, hice lo que no debía», reconoció y aseguró que lo hizo en un momento «de ofuscación tras 10 horas de pleno»
«Yo no odio a ninguna víctima, ni mucho menos, y mi intención no fue faltar al respeto a nadie», añadió. Opinó que la polémica se está «sacando de quicio» e insistió en que su intención no fue romper el cartel sino retirarlo. «Si la señora Garrido quiere decorar su ordenador con algún motivo, puede hacerlo, pero hay que guardar la neutralidad de la mesa y, cuando estamos tratando la Ley de Memoria Histórica, no se puede tener un cartel alusivo», aseguró.
Afirmó que no actuó contra las diputadas que portaban las camisetas de Aurora Picornell, a diferencia de lo que había sucedido en el pleno del martes, porque el tema que no abordaba no era la memoria histórica. También señaló que había permitido que tanto Iago Negueruela como Lluís Apesteguia hicieran una intervención que no tenía nada que ver con el tema que se debatía para no agravar la situación.