El grupo popular ha presentado una enmienda a la proposición de ley de Transparencia que suprime la Oficina Anticorrupción de Baleares que prolonga de 3 a 6 meses su cierre y la creación de un nuevo registro de transparencia que albergará el Parlament, ha explicado este lunes el diputado Mauricio Rovira.
Entre las enmiendas del PP a su norma, figura que dicho registro de Transparencia lo tenga el Parlament y precisa «cómo se regula la transición del actual al futuro», de manera que si estaba prevista una transición de 3 meses ente el cierre de la Oficina Anticorrupción y el establecimiento de ese registro nuevo, con la enmienda «se amplía a 6 meses para dar más margen en la transición de un sistema a otro por cuestiones técnicas y para que se haga como toca».
«No queremos evitar la transparencia y el control de los cargos públicos», ha recalcado Rovira sobre la creación de ese nuevo registro que ha descrito como «una traslación de la Transparencia» para que «se mantenga», pero de manera que «la responsabilidad normativa y legal» de las declaraciones de actividades y patrimonio de los altos cargos, que se amplia a dos años antes de haber asumido el cargo, de darles publicidad «será dependiente de cada institución», por medio de sus portales de transparencia.
«No va a dejar de verse, lo único que quitamos la oficina de anticorrupción que hacía de inquisición y no lo hacia de forma independiente», ha afirmado Rovira, que ha dicho que con la Oficina Anticorrupción esa publicación está duplicada porque todas las instituciones tienen portal de transparencia. Rovira ha justificado la eliminación de la Oficina Anticorrupción por considerarla «un ente completamente politizado creado y usado como máquina de barro al servicio de los intereses del PSOE».
En cuanto a los expedientes que permanecen abiertos en tramitación, «van a pasar a la Inspección General de Servicios adscrita a la dirección general de Función Pública que se encargará de remitirlos a los órganos competentes», ha dicho Rovira. Ha insistido en que es para evitar duplicidades porque «lo que pasó es que se puso una oficina por en medio de las denuncias y los organismos que tenían que gestionarlas».
Tanto para los que están en incoación como los iniciados, será la Inspección General de Calidad y Organización de Servicios de la comunidad autónoma, de la Conselleria de Presidencia, la que decida; y los ya tramitados serán custodiados en el Parlament, en el nuevo registro que se crea. Otras enmiendas planteadas por el PP son «para garantizar la confidencialidad y la seriedad en el tratamiento de los datos de los expedientes en trámite o que se han sido tramitados en estos años» por la Oficina Anticorrupción.
Sobre los trabajadores de la oficina, otra enmienda establece que se garantizaran sus derechos y su reincorporación a las plazas en las administraciones donde trabajaban antes. «Siempre hemos criticado que no aporta nada nuevo a la transparencia esa oficina, salvo el mal uso y mala utilización que ha estado realizando de la misma durante las dos últimas legislaturas. Todo se ha enfocado, todo el trabajo, para ir en contra de partidos políticos, no para utilizarlo de forma igualitaria para todos», ha afirmado.
«Desde la creación de la oficina siempre hemos visto falta de independencia y un peligro en el abuso de su utilización», ha insistido. Sobre la posibilidad de cambiar su funcionamiento para mejorarla que plantea la oposición, en vez de suprimirla, Rovira ha respondido que «no es garantía cambiar, variar o poner al director de la oficina, la garantía es que no exista una entidad que no es necesario que exista y que además se ha utilizado mal».
Otras enmiendas del PP son «para garantizar la confidencialidad y la seriedad en el tratamiento de los datos de los expedientes en trámite o que se han sido tramitados en estos años» por la Oficina Anticorrupción. Sobre los trabajadores de la oficina, otra enmienda establece que se garantizaran sus derechos y su reincorporación a las plazas en las administraciones donde trabajaban antes.