El director de la Oficina Anticorrupción, Cristòfol Milán, ha entregado al Parlament cuatro escritos de otras tantas entidades en las que piden que no se cierre esta entidad por el papel esencial que juega en una sociedad democrática y transparente. La más significativa es la que remite Transparencia Internacional, con el apoyo de diversos organismos, donde pide que no se cierre esta Oficina porque es algo que debilita profundamente el Estado de Derecho.
Además hay un escrito de la asociación Network of European lntegrity and Whistleblowing Authorities, un organismo que integra a las oficinas de toda Europa. Su presidenta, Laura Valli, pide al Govern de Marga Prohens que reconsidere su decisión ante el papel fundamental que desempeña esta organización.
También hay un escrito remitido por la Red de Oficinas Antifraude de España, que reúne a la Oficina Antifrau de Catalunya, la Agència Valenciana Antifrau, la Oficina Andaluza Antifraude y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, además de la propia Oficina balear. Estos organismos piden que se garantice la independencia de las entidades de prevención y lucha contra la corrupción y se refuerce su papel con la asignación de recursos suficientes.
Por último, también la organización Consubal firma un escrito de características similares, en el que asegura que asiste «alarmada» a la supresión de estructuras e instancias de lucha contra la corrupción y considera que esta decisión debilita el Estado de Derecho y es contrario al deber de construir «instituciones sólidas que refuercen el Estado de Derecho y la Justicia».