La Oficina Anticorrupción de Baleares ha remitido este lunes a los presidentes del Govern, Marga Prohens, y del Parlament, Gabriel Le Senne, cinco declaraciones de apoyo contra su cierre por parte sus homólogas en Cataluña, Valencia, Andalucía y Navarra y de entidades internacionales y baleares que se oponen a la clausura. Entre las manifestaciones de apoyo pidiendo que no se cierre, la Oficina Anticorrupción ha remitido a Prohens y Le Senne una carta de la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Denuncia de Irregularidades, Neiwa (en sus siglas en inglés de Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities).
También han redactado una declaración conjunta en contra del cierre los miembros de la Red de Oficinas y Agencias Antifraude que son la Oficina Antifraude de Cataluña, la Agencia Valenciana Antifraude; la Oficina Andaluza Antifraude; y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra. Otros apoyos son de la Escuela Balear de Consumo y de la asociación de consumidores de Baleares Consubal.
También han remitido una declaración conjunta firmada por Transparency International-España, Hay Derecho, Political Watch, Access Info Europe y +Democracia, a la que se han adherido otras 22 entidades, rechazando la proposición de ley registrada en el Parlament para suprimir dicha oficina, porque consideran que debilita el Estado de Derecho y es contrario a los compromisos internacionales de España y a la política de la UE.
En los escritos, las organizaciones se declaran «alarmadas» ante la voluntad de cierre de la Oficina Anticorrupción de Baleares, medida que tildan de «preocupante no solo por el significado político de esta medida, sino también por lo que dicha propuesta supone en términos del alejamiento de la política europea en esta materia».
Recuerdan que las oficinas de Prevención y Lucha contra la Corrupción autonómicas son organismos especializados destinados a reforzar las buenas prácticas de la Administración pública y que «son plenamente compatibles con los órganos de control existentes, con los que se coordinan y complementan», sin que en ningún caso se estén compartiendo o duplicando sus competencias. Las entidades piden que se retire, o eventualmente se rechace, la proposición de Ley registrada en el Parlament balear que pretende eliminar la Oficina Anticorrupción y que se promueva y garantice la participación de la sociedad civil en el debate de medidas y políticas para la prevención y la lucha contra la corrupción y la protección de informantes.
Recuerdan que, de acuerdo con los datos de la Comisión Europea, la corrupción se encuentra muy extendida y arraigada en numerosos sectores de la vida pública y sigue figurando como una de las principales prioridades políticas de la UE, lo que justifica la propuesta de Directiva sobre lucha contra la corrupción impulsada por la Dirección General de Asuntos Internos, actualmente en fase de tramitación.
La corrupción, como fenómeno transfronterizo, incluido por la UE entre los delitos de especial gravedad, hace necesarios los esfuerzos combinados de diferentes actores e impone que las medidas adoptadas en el marco de la Unión, junto con las adoptadas a nivel nacional, tengan correlación con las que se adopten a nivel autonómico. En el ámbito autonómico, la existencia de oficinas y agencias independientes con funciones de prevención e investigación de la corrupción y de protección a las personas informantes, responde a la descentralización con la que debe operar el control externo especializado y las estrategias integrales de prevención en aquellos ámbitos donde la competencia es transferida o compartida.