Tòfol Milán (Palma, 1966), director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears vive unos días agitados tras el anuncio del cierre de este organismo por parte del Govern, aunque la Oficina cuelga políticamente del Parlament. La actualidad le ha obligado a abandonar su perfil bajo en cuanto a exposición mediática.
Alguien del Govern o del Parlament se ha puesto en contacto con usted para comunicarle el cierre de la Oficina Anticorrupción?
-No.
O sea, que se ha enterado usted del cierre por la prensa.
-Efectivamente, sobre todo a través de las declaraciones públicas del vicepresidente, Antoni Costa. Lo certifiqué con su respuesta parlamentaria del pasado martes.
¿Y cómo se siente?
-Tengo una sensación extraña. La Oficina Anticorrupción depende del Parlament y por respeto institucional se deberían haber puesto en contacto con la Oficina tratándose de una decisión de este tipo. He pedido oficialmente reunirme con el presidente Gabriel Le Senne pero no he recibido respuesta
¿Cómo califica el anuncio del cierre de la Oficina por parte del Govern?
-Es un error fruto del desconocimiento. Es el gobierno que ha elegido la ciudadanía y está legitimado para tomar las decisiones que crea oportunas. Pero desconoce totalmente el trabajo que hacemos. Y los más perjudicados son los ciudadanos, que ven como, sin ningún criterio ni motivo que lo justifique, se quedan sin poder ejercer un derecho que les pertenece. La Oficina hace de un trabajo importante de prevención y formación en la lucha contra el fraude antes de denunciar e investigar. Y es un trabajo reconocido por ley que garantiza y centraliza la transparencia de las instituciones.
Le acusan de actuar por sistema contra el PP y de archivar las causas socialistas, como la de los adelantos de vacunación. Este martes en el Parlament, el vicepresident del Govern calificó la oficina que usted dirige de «Oficina Socialista Antioposición»
-Insisto en que es fruto del desconocimiento y, seguramente, de algún tipo de interés de dar una imagen de la Oficina que objetivamente no se aguanta. Ahora mismo tenemos 19 expedientes abiertos a instituciones gobernadas por el PP y 61 del Pacte, lo que pasa es que igual se sienten decepcionados porque las resoluciones no han sido lo que ellos esperaban. No vamos contra nadie, trabajamos desde la más absoluta imparcialidad y neutralidad sin mirar quien hay detrás del expediente, tal y como marca la ley.
La Oficina Anticorrupción elevó a la Fiscalía una denuncia del PSOE contra el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí (PP) por el caso «La vida aislados». Marí dice que se ofreció a dar todas las explicaciones necesarias pero que ustedes no le dejaron. ¿Le dieron la oportunidad de explicarse antes de que la Fiscalía interpusiera la querella?
-Se siguió el procedimiento en todo momento. Cuando hay afectados, se le comunica para que puedan hacer alegaciones. Y a Marí se le comunicó, como se hace con cualquier otro afectado.
El PP asegura que ustedes miraron para otro lado en el caso del alcalde socialista de Sant Josep de la Talaia detenido por la Guardia Civil
-No es cierto. Recibimos varias denuncias y las trasladamos a Fiscalía. Dejamos de hacerlo cuando desde la propia Fiscalía se nos dijo que no hacía falta porque ellos ya estaban con el tema.
El vicepresidente del Govern, Antoni Costa se preguntó públicamente que para qué pagar 1,5M al año por algo que otros entes hacen mejor. Se refería a Intervención General de la comunidad Autónoma, la Sindicatura de Cuentas y la Fiscalía. ¿Era necesaria la Oficina Anticorrupción?
-Toda la legislación, europea, estatal y autonómica, que ha ido surgiendo en estos años para montar Oficinas Anticorrupción demuestra su utilidad. Todas las instituciones que usted me cita hacemos trabajos diferentes y complementarios. No hay ninguna duplicidad entre nosotros. Y en cuanto al presupuesto, simplemente apuntarle que supone el 0'02% del presupuesto total de la comunidad. Me parece una mala excusa.
Desde fue usted nombrado por el Parlament como director le reprocharon haber tenido cargos en gobiernos socialistas. Se ha sentido usted vigilado en el apenas año y medio que lleva al frente de la Oficina?
-No me he sentido vigilado por nadie y nadie de ningún partido me ha llamado ni para presionarme, ni, lamentablemente, para interesarse por el trabajo que hacemos. La prueba está en que no se me ha convocado a ninguna comisión parlamentaria para presentar las memorias anuales de la Oficina de los años 20121 y 2022. Y respecto a mi currículum, como economista he tenido cargos con el PP y con el PSOE. He sido director general de presupuestos (1999-2003) e Interventor general (2007-2011) en el Govern con Xisco Antich de presidente, igual que anteriormente fui director del área económica (2003-2006) y jefe del subservicio de presupuestos (2011-2012) en el ayuntamiento de Calvià con Carlos Delgado como alcalde.
¿Para qué ha servido la Oficina Anticorrupción estos siete años? ¿Qué legado deja?
-Hemos hecho muy buen trabajo. Pero más que el legado, me preocupa que pasará con las 13 personas que trabajan en la oficina y que están viviendo con mucha inquietud esta situación. Tenemos ahora mismo 185 expedientes en trámite: ¿Quién los resolverá? ¿el Parlament? Hemos hecho muy bien trabajo.
¿De que está más orgulloso?
-La creación de la Oficina Anticorrupción supuso un cambio de cara al ciudadano, que ha visto como tiene un lugar donde puede denunciar prácticas presuntamente corruptas de manera anónima. Para nosotros también es muy gratificante la función preventiva y formativa que ejercemos e ir a las escuelas a explicarle a los más jóvenes para qué sirven los impuestos y lo que cuestan los servicios públicos que reciben.
¿Se arrepiente de algo?
-Me queda la espina clavada de no haber conseguido que se apruebe destinar más recursos a la Oficina, tal y como venimos pidiendo desde hace casi dos años.
¿Cómo afronta este tiempo previo al cierre de la oficina?
-Seguiremos trabajando como si fuera el primer día.