La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha asegurado este lunes que la corrupción ha supuesto para Baleares «más de 240 millones de euros malversados, mientras la oficina anticorrupción cuesta aproximadamente 1,5 millones de euros al año», lo que supondría un coste por habitante de 196 € frente a 1,23 €.
Ramon ha aportado las cifras en una rueda de prensa en la que ha presentado las enmiendas del grupo parlamentario a proposición de ley de Transparencia que tramita el Parlament, donde ha recordado causas de corrupción con sentencia en Baleares como los casos Funeraria, Maquillaje, Voltor o Son Espases.
«Los momentos más oscuros de la historia de Baleares han sido en los que la comunidad era más conocida por los casos de corrupción que por el turismo o por las bondades de nuestra tierra», ha dicho Ramon, que ha recordado que «el PP fue condenado como partido». Ha cuestionado el mensaje del PP con esta proposición de ley que elimina la oficina anticorrupción y otorga carácter reservado a las declaraciones de bienes de los cargos públicos.
«Desde las instituciones hay que mandar un mensaje de confianza a la ciudadanía y con estas medidas de opacidad que quiere aplicar el PP hacemos todo lo contrario», ha denunciado la diputada de MÉS. Para justificar la utilidad de la oficina, Ramon ha recordado que, en 2014, el 63,8 % de la población de Baleares situaba la corrupción entre los principales problemas. «En 2016, se legisló y se creó esa oficina para velar por la ética pública y prevenir casos de corrupción, y en 2024, la preocupación de la ciudadanía ha bajado al 5 %».
Según la diputada ecosoberanista, «legislando y abriendo una oficina se ha cumplido el objetivo de prevenir y evitar casos de corrupción», pero «llega el PP y lo primero que hace es cerrarla». Ramon ha negado que exista duplicidad de funciones con otros organismos y que sea un chiringuito y ha recalcado que todas las organizaciones de transparencia se han posicionado en contra del cierre de la oficina. MÉS presenta medio centenar de enmiendas a la propuesta legislativa, entre ellas la de supresión, porque considera que la ley «no garantiza la transparencia, ni vela por la ética pública, el buen gobierno y la prevención de la corrupción».