Mallorca ya huele a verano, pero comienza la temporada alta sin los deberes hechos y arrastrando un problema que viene de lejos y al que todavía no se ha encontrado solución. ¿Qué pasará con los chiringuitos que vuelven a abrir sus puertas con la mitad de las mesas disponibles, como ya sucedió el verano pasado? ¿Y el de los establecimientos a pie de playa de los que su futuro pende de un hilo, como sucede con El Bungalow, un clásico de Ciudad Jardín? Se repite la historia.
El tema podría y debería haber estado resuelto ya. Solo hay que recordar que el pasado 1 de enero, Baleares y Canarias lograron del Gobierno Central el traspaso de las competencias de Costas, una reivindicación histórica de ambos archipiélagos, como ya tenían otras comunidades como Cataluña o Andalucía. Así, el Ejecutivo balear hará y deshará en 1.500 kilómetros de litoral. Aunque suene raro, el traspaso se aprobó el 1 de enero, pero no se hará efectivo hasta el 1 de julio, es decir, seis meses después. Entre medias, las elecciones autonómicas y municipales.
Durante estos meses, el departamento de Demarcación de Costas se ha desmantelado, los funcionarios esperan qué hacer y los afectados llaman a todas las puertas sin tener muy claro qué pasará con sus negocios. «Esta situación es caótica», relata Jaume Perelló, portavoz de la Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (ADOPUMA) y propietario de Can Gavella, uno de los tres chiringuitos afectados de ses Casetes des Capellans, en Platja de Muro.
Ses casetes des Capellans
La historia de desamor de Can Gavella, La Ponderosa y Olimpia Opa & Oma con Demarcación de Costas viene de lejos. La entidad les denegó hace un año por estas fechas el permiso para renovar la concesión de las terrazas, la parte más importante de su negocio. La parte estructural de estos locales está construida en suelo urbano, pero las terrazas son parte de la zona de dominio público marítimo-terrestre y por eso precisan de un permiso periódico. Ya en 2021, este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica comunicó que no renovaría estas concesiones al no cumplirse la distancia mínima de 200 metros entre los bares de playa, que establece una normativa de 2013. Poco podían hacer los propietarios para solucionarlo.
Acaban de reabrir sus puertas, como el estío pasado, a medio gas. Pero siguen vivos. El dueño de Can Gavella, Jaume Perelló, señala que en julio y agosto de 2022 perdieron un 70 por ciento respecto al año anterior, y cerraron la temporada con un 48 por ciento menos de facturación: «Perdimos las 25 mesas de la terraza y las 100 sillas, y ahora volvemos a tener solo disponibles las 12 del interior. También hemos pasado de 25 empleados a 12. No había trabajo para todos», lamenta el empresario.
Costas se apoyó en un informe desfavorable emitido por la Conselleria de Medio Ambiente y desautorizó la terrazas por un futuro deslinde que no se ha llegado a hacer y que caducó en febrero. Por eso los propietarios esperan desde noviembre la respuesta de Costas para reabrir las terrazas: «Basaron su decisión en un deslinde, ¿qué excusa nos van a dar ahora?», se pregunta Jaume Perelló. Habrá que esperar su contestación.
Similar situación viven los propietarios del bar Playa de la Costa dels Pins. El año pasado les notificaron que debían eliminar la terraza que tiene el establecimiento en uno de los laterales del restaurante. La familia Caccianiga, que lleva 25 años al frente de este conocido negocio, ya tuvo que despedir a cinco trabajadores la temporada pasada, y se enfrentan a un nuevo verano en una situación similar. Al igual que sus compañeros de Ses Casetes des Capellans, no entiende la actitud ni la decisión de este organismo.
Santanyí y Cala Torta
El culebrón entre el Ajuntament de Santanyi y la conselleria de Medio Ambiente continúa vigente, y tiene como protagonista el chiringuito de la playa ses Fonts de n'Alis, en pleno parque natural de Mondragó. 14 años de trámites y denuncias. Ahí es nada. El área de Espais Naturals i Biodiversitat dio al Consistorio un ultimátum al que ha hecho oídos sordos: tenía de plazo hasta el 31 de diciembre de 2022 para ejecutar el derribo del chiringuito y la restauración ambiental del espacio, tal y como marca el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de Mondragó. Cuatro meses después, la estructura de este negocio sigue en pie, cerrado a cal y canto y degradándose al sol.
No hubo tantas contemplaciones con el establecimiento a pie de playa de Cala Torta. La estampa habitual de todos los veranos de turistas y residentes sentados a las mesas de la terraza de la instalación pasó a la historia el 29 de julio de 2018, cuando se extinguió la concesión. La familia de Artà que tenía la concesión durante casi 40 años tuvo que decir adiós a su negocio. El ajuntament artanec solicitó la concesión de la explotación del servicio y presentó un proyecto que contemplaba la recuperación de la zona, así como la instalación de un chiringuito sostenible y la demolición del actual. Eso sucedió en octubre de 2020, pero nunca se ha abierto otro negocio similar, sostenible o no.
A vueltas con los chiringuitos desmontables de es Trenc
Mención aparte tienen los chiringuitos de es Trenc. Compatibilizar la protección del medio ambiente y el uso del dominio público no es una tarea sencilla. Buena muestra de ello es el informe de la Conselleria de Medio Ambiente, que el año pasado propuso a Demarcación de Costas la eliminación de tres de los seis chiringuitos existentes dentro de las playas del Parc Natural de es Trenc–Salobrar, los de els Murters (ses Covetes), el del Marquès (junto a la Colònia de Sant Jordi) y el de la playa de es Trenc, así como reubicar otros dos autorizados. No se sabe qué ocurrirá este año, pero la Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (ADOPUMA) asegura que han dejado de ser rentables para los empresarios y auguran que las concesiones quedarán vacantes.
Ya en 2017, una sentencia del Tribunal Supremo obligó al Ajuntament de Campos a demoler los chiringuitos de obra que estaban en el parque natural, que se sustituyeron por casetas desmontables. Hasta entonces, la Ley de Costas de 2013 tenía una disposición adicional transitoria 26 que permitía que los chiringuitos consolidados, que se alzaron hace más de veinte años, siguieran funcionando». Pero la norma fue recurrida por un particular y el Tribunal Supremo resolvió que todos los chiringuitos debían ser desmantelados al finalizar la temporada de 2017. Así fue.
Otra imagen dolorosa del año pasado fue el derribo del chiringuito y la piscina del Mar y Paz, en Son Bauló. Otra decisión polémica que cambió la fisionomía de su paseo marítimo y enfrentó a los vecinos con el Ayuntamiento de Santa Margalida y Demarcación de Costas. No hubo suerte, el 6 de abril de 2022 los residentes de la zona vieron con impotencia como la piscina se cubría bajo escombros y capas de áridos.
De Palma a Deià
En peligro continúan otros establecimientos similares, en Palma y en Deià. El Bungalow es uno de los restaurantes con más solera de la zona de Ciutat Jardí, en Palma. Tras 39 años, su futuro pende de un hilo. El ministerio para la Transición Ecológica denegó el 27 de julio de 2022 la petición de la propiedad del restaurante para legalizar esta infraestructura porque incumplía la ley de Costas. En la resolución de la denegación también se ordenaba la demolición y retirada de todas las edificaciones que conforman el restaurante, así como las terrazas existentes entre el local y el mar.
La casa se construyó en 1912 y fue sido una residencia junto al mar hasta que en 1943 fue adquirido por la familia Bonet. Aunque los propietarios han intentado legalizar la situación, no se lo han permitido. Quizá este sea el último verano en que los residentes puedan disfrutar de una paella junto al mar.
Lo mismo sucede con uno de los chiringuitos míticos de la Serra de Tramuntana, el restaurante Can Lluc de Cala Deià, con décadas de historia a sus espaldas, también está en peligro si Demarcación de Costas en Balears confirma su decisión de no renovar la concesión de la terraza. Curiosa es la postura del alcalde de la localidad, el ecosoberanista Lluís Apesteguia, que ha mostrado su apoyo al negocio, señalando que el establecimiento cuenta con informes favorables de Medio Ambiente y del área urbanística municipal.
Això no s'hauria d'haver deixat fer mai....un desproposit destructiu.