El Ajuntament de Palma ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que avala la regulación sobre el alquiler turístico en viviendas particulares que aprobó el Consistorio durante la legislatura pasada y reclamó al Consell Insular, organismo que tiene las competencias de inspección, más vigilancia, recursos y agilidad sancionadora para controlar la actividad en el municipio.
En una rueda de prensa el alcalde, José Hila, acompañado de los regidores Antoni Noguera, Neus Truyol y Alberto Jarabo, recordó que en el año 2018 Cort prohibió el alquiler turístico vacacional en todas las viviendas plurifamiliares del municipio, limitándolo a las unifamiliares. Esta medida fue recurrida en los tribunales por la patronal Habtur a quien el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, TSJIB, dio la razón en una primera instancia.
El Ajuntament de Palma presentó un recurso de casación en el Supremo que ahora, en sentencia firme, reconoce y respalda sus argumentos. Al mismo tiempo que celebraba la medida porque «protege a los residentes en lo que se refiere al acceso a la vivienda frente a la especulación de los propietarios», Hila reclamó al Consell Insular que potencie su departamento de inspeccion turísticas, incrementando el personal y los recursos.
«Actualmente el departamento no tiene ni los mecanismos ni la agilidad necesaria para frenar la oferta turística ilegal. Reclamamos una legislación que permita más eficacia en las inspecciones, que se aumenten las sanciones y que se agilicen los trámites» aseguraron tanto el alcalde como sus socios de gobierno.
Los miembros del Pacte valoraron la sentencia del Supremo «como una gran victoria para la ciudad» y recordaron que la medida que limita el alquiler «pionera a nivel mundial» nació, entre otras razones, para «evitar el impacto de esta actividad en la convivencia y sobre el acceso a la vivienda de los residentes».
En este sentido la regidora de Urbanisme apuntó que la limitación del alquiler turístico sólo a viviendas unifamiliares, aparte de por la citada sentencia, ya estaba avalada por la normativa autonómica y que el nuevo Plan General de Palma, que se aprobó inicialmente el año 2021 y que se quiere aprobar definitivamente este año, amplía la prohibición a las viviendas unifamiliares entre medianias, es decir adosados. «Hemos incluido normas para evitar nuevas licencias de alquiler en zonas como Santa Catalina o Son Espanyolet porque hemos detectado que ya había mucha densidad», señalaron Truyol y Jarabo.
Y porque no controlan la delincuencia y por lo menos haran algo útil