El Tribunal Supremo avala que Cort pueda prohibir los pisos turísticos en Palma. La Sala de lo Contencioso ha aceptado el recurso presentado por el Ajuntament contra la decisión del TSJIB que anuló, a instancias de la patronal del alquiler turístico el acuerdo del pleno municipal de 2018 que impedía alquilar con fines turísticos viviendas en plurifamiliares. Los magistrados entienden que la decisión del TSJIB implica en la práctica convertir todos los pisos de Palma en potenciales alojamientos turísticos y entiende que esa decisión desborda las posibilidades que permite la normativa autonómica.
Para poder tomar esa decisión, razona el Supremo, los magistrados del TSJIB tendrían primero que haber llevado al Constitucional la normativa autonómica. Es decir, el Supremo no entra en el fondo de la sentencia del TSJIB, que estaba en valorar si está justificada esa prohibición o no. La nueva decisión se basa en una cuestión formal: no se puede anular la zonificación que llevó a cabo la corporación sin antes cuestionar la normativa autonómica que la permitía.
El Tribunal Superior ponía el foco en que Cort había limitado los pisos turísticos sin atender a las «imperiosas razones de interés general» que exige la normativa europea para restringir servicios en el mercado interior. El Supremo anula este criterio: «La sentencia vendría a declarar todas las viviendas del municipio de Palma como aptas para desarrollar la actividad turística. Y esto no puede hacerse sin despejar las dudas que introduce la normativa autonómica».
El Supremo alude a otras sentencias similares en casos como las normativas sobre vivienda de Barcelona y también a una sentencia de los tribunales europeos del año pasado. En esos supuestos, las corporaciones municipales sí justificaron en el derecho al acceso a la vivienda. El Ajuntament justificaba la medida en el elevado coste del alquiler en Palma a la vez que se trataba una de las ciudades con mayor presión de la vivienda turística. La sentencia del TSJIB no se había llegado a ejecutar ante su falta de firmeza y, en teoría, el alquiler en plurifamiliares en Palma ha estado prohibido desde el pleno de 2018.