Ante la inminencia de los desahucios de 45 familias de Son Banya previstos el 17 y 18 de abril, algunos de los afectados han llevado a la Policía Nacional el informe de un detective privado para que se investigue la hipotética vinculación entre este proceso y los lazos familiares existentes entre el gerente de una gran superficie cercana y un miembro del Govern balear. También sospechan que el gerente está unido por algún tipo de vínculo familiar con un cargo destacado del Ajuntament de Palma.
Este es el resultado de la investigación realizada por un detective contratado por estos moradores, que, de entrada, no denuncian que se trate de una corrupción pero sí quieren que la policía lo investiguen y dirima si es una mera coincidencia familiar o realmente hay un trasfondo ilícito detrás con interés empresarial y político en la desaparición de Son Banya.
Como se recordará, una sentencia judicial fija el desahucio de 45 familias para los días 17 y 18 de abril. Pero ese será solo un primer paso, ya que tras 40 años de existencia ahora el Ajuntament de Palma se ha dado un plazo de tres años para erradicar definitivamente el poblado y realojar a sus habitantes en otros barrios de la ciudad.