El Ajuntament de Palma no consigue pisos de alquiler para las familias que deben abandonar Son Banya en cumplimiento de una sentencia judicial que fija el desahucio de 45 familias para los días 17 y 18 de abril. Por eso, la regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, hace un llamamiento a la solidaridad y a la colaboración de los propietarios de las 16.000 viviendas vacías que hay en Palma para que acudan al Edifici Municipal d'Avingudes, donde está el área, y «nosotros les explicaremos el plan y las garantías que hay».
La regidora recuerda que de las familias que deben ser desahuciadas del poblado 16 tienen derecho a ayudas municipales, al carecer de recursos, y nueve de ellas ya cuentan con una vivienda pública asignada. El problema ahora son las siete familias restantes, para las que ya no se dispone de viviendas públicas y no se ha logrado alquilar una vivienda privada. «Hemos constatado que el mercado privado está cerrado para las familias vulnerables, y no es por un problema de precio pues Cort les concede ayuda de hasta 1.000 euros al mes», lamenta el director general de Benestar i Drets Socials, Joan Antoni Salas. Más aún, admite que «sabíamos que sería muy difícil, pero nos hemos encontrado con que es imposible».
Borràs se dirige a las personas con pisos vacíos para decirles que «se trata de familias que tienen ganas de salir de Son Banya, que cuentan con el apoyo municipal y acompañamiento profesional». Por tanto, añade, «si alguien se anima a alquilar su vivienda a estas familias tiene el área de Benestar a su disposición y si se acerca al Edifici Municipal d'Avingudes le explicaremos el programa y las condiciones de este alquiler». Salas añade que Cort garantiza a estos propietarios el pago del alquiler durante cinco años, «porque será el Consistorio quien pagará directamente al propietario». Entre las siete viviendas que hacen falta, explica el director general, algunas deben ser de tres habitaciones, para las familias con niños, y en otros casos bastaría de una habitación. Cort prefiere que sea fuera de barrios vulnerables, «pero no pondremos condiciones», dice Borràs.
seguro que si no tienen viviendas para colocarlos habrá más ocupas.