El poblado de Son Banya tiene los días contados. No hay marcha atrás. El Servicio Común de Notificaciones y Embargos de los juzgados de Palma ordena iniciar el desalojo del núcleo gitano y la demolición de las viviendas.
Se trata de las 24 ejecuciones previstas y que afectan a más de 350 residentes. Los escritos judiciales remitidos afectan a vivendas (albergues, como les denomina el decanato de los juzgados) ubicados en las calles uno, dos, tres, cuatro y cinco de Son Banya. Entre los afectados se encuentran familias de los históricos clanes del poblado. El Ayuntamiento de Palma interpuso durante los años 2011 y 2012 demandas contra más de 60 familias del núcleo solicitando el desahucio y demolición de sus viviendas.
Los tribunales, en sentencia firme, en abril de 2012 fallaron a favor de Cort, pero nunca llegaron a solicitar su ejecución. Con fecha 29 de julio de 2016, el equipo de gobierno presidido por el socialista José Hila, a través del patronato, interpuso una demanda ejecutiva en la que solicitaba el desahucio de las viviendas. El Juzgado de Primera Instancia número 24 de Palma, a requerimiento del Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social (Ajuntament de Palma), ordenó que se procediera a realizar el lanzamiento previsto, adoptando las medidas que fueran necesarias, recabando incluso el auxilio de la fuerza pública y de los servicios de un cerrajero para llevar a cabo el lanzamiento en la calle antes citada y con la prevención de hacer saber al demandado que retire los bienes u objetos de su propiedad con anterioridad. Finalmente, se consiguió un aplazamiento.
Ahora, el juzgado, atendiendo las indicaciones municipales que realizaron en su día, comunica el señalamiento para el lanzamiento y dicha resolución en firme para el día 5 de octubre de 2017. Fuentes jurídicas confirmaron a Ultima Hora que la única vía para evitar los desahucios pasaría por la solicitud del Ajuntament de Palma de revocar la ejecución de la sentencia. También se podría solicitar una prorroga, pero dicha petición podría ser negada por la autoridad judicial. La comunidad gitana no descarta realizar movilizaciones y otras medidas de presión para evitar la demolición.