«Nosotros preferimos que este tipo asuntos se resuelvan por la vía Shakira antes de llegar a las manos». De esta forma, tirando de ironía, ha valorado el regidor de Podemos, Alberto Jarabo, la denuncia que le han puesto a la también regidora, aunque de Vox, Sandra Barceló, por, supuestamente, agredir a la ex de su actual pareja en un bar de Santa Catalina. Jarabo ha hecho estas declaraciones a título personal aunque previamente, como portavoz del equipo de gobierno, ha sido más moderado, se ha limitado a condenar todo tipo de violencia y no ha hecho ninguna valoración ya que «nos falta información y hasta el momento se trata de hechos no probados». El regidor de Justicia Social ha reiterado que el Pacte de Cort «defiende las soluciones pacíficas a los conflictos» y ha confiado que la polémica «se resuelva de la mejor manera posible».
Más contundentes han sido su propio partido, Podemos Palma, quien a través de sus redes ha pedido la dimisión de Barceló como regidora argumentando que su comportamiento «es totalmente incompatible con ser un cargo público y representar a la ciudadanía en las instituciones». En los mismo términos, y por la misma vía, se han manifestado Jesús Jurado, secretario autonómico de memoria democrática y portavoz de Podemos Palma quien ha asegurado que este comportamiento «de pelea de bar es indigno e incompatible con ejercer un cargo público» y la candidata del partido morado a la alcaldía de Palma, Lucía Muñoz, «ni la violencia ni quienes la ejercen tienen cabida en el Ajuntament».
La propia Sandra Barceló que, según fuentes no oficiales de Vox, ha reconocido los hechos, no ha querido hacer ninguna declaración pública sobre el incidente y desde su formación se han negado a hacer valoraciones argumentando que se trata de un hecho «que compete a su esfera privada y que no está relacionado con su labor como regidora».
El resto de partidos del Ajuntament, tanto de gobierno como de la oposición, también se agarran a que se trata de un tema personal para, de momento no hacer valoraciones. No obstante, la mayoría argumenta que la presunta agresora «tenía que haber tenido en cuenta que ocupa un cargo institucional y que, de alguna manera, representa al Consistorio».